Sin crédito

Todos los sectores coinciden en la necesidad de una nueva norma que regule el sistema financiero, pero las especulaciones hacen peligrar su sanción. El oficialismo no está decidido a avalar el proyecto de ley del diputado Carlos Heller.

¿Nueva Ley de Entidades Financieras? Quizás. El futuro es incierto porque existe un doble mensaje por parte del oficialismo y también de la oposición. Hacia el exterior, el acuerdo es comenzar el debate en las comisiones de la Cámara baja. Sin embargo, puertas adentro la idea de una nueva ley no seduce tanto a los Kirchner porque, según fuentes cercanas a Néstor Kirchner, el ingreso que percibiría el Estado “no sería tan significativo como para justificar enfrentarse a los grupos financieros”, por lo que se dilataría la sanción de una nueva norma que regule el sector financiero.

La estrategia del bloque del Frente para la Victoria que conduce el diputado santafesino Agustín Rossi es asistir al debate en las comisiones y apoyar “eventualmente” el proyecto de ley que impulsa el diputado y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller. Aunque el apoyo a esa iniciativa no será con firmeza, ya que no convence en su totalidad a los hombres cercanos a Kirchner. Por lo tanto, no hay una orden estricta desde Olivos para respaldar fielmente este proyecto como fue en el caso de la estatización de las AFJP o con la Ley de Medios.

La incertidumbre se develará a medida que transcurra el tiempo y el debate sobre este tema se instale en los medios de comunicación y aparezcan los lobbies del sector financiero. En ese momento, Kirchner sabrá realmente contra qué se enfrenta. “Pero Néstor no es loco”, aclaran desde el FpV. “Aunque se lo muestre como un irracional, es muy racional y no va a enfrentarse a semejante monstruo”.

Temor

Desde el kirchnerismo, califican al sector financiero como un “monstruo” que puede provocar otro desgaste semejante al conflicto con el sector agropecuario, lo que terminaría con las aspiraciones de continuar en el Gobierno otros cuatro años más.

La situación del país que imaginan en la Casa Rosada -si se sanciona una nueva norma que afecte demasiado al corazón del sector financiero- es muy compleja económicamente y con alta repercusión social porque aseguran que con un gravamen alto a los plazos fijos -por ejemplo- “los que van a poner el grito en el cielo son los inversionistas de clase media, porque los bancos no van a absorber el gravamen, sino que lo van a volcar a los clientes”. Y por ende, el kirchnerismo no está en condiciones políticas de tener otro distanciamiento con la clase media. Otros, desde el Ministerio de Economía, son más temerarios respecto de una medida que “revolucione” los mercados en Argentina. Estos llegan a creer que una nueva ley podría “enfriar la economía” e igualmente “no mejoraría la situación crediticia actual”. La idea surge de afirmar que si bien los bancos tienen mucho dinero acumulado gracias a las excelentes ganancias que obtuvieron en estos años, no pondrán a disposición sus fondos para flexibilizar su cartera crediticia. Por lo tanto, al bajar el nivel de volumen invertido en los bancos, el crédito será aun menor. Sin dudas, de ocurrir eso, el sistema financiero en Argentina sufriría un duro golpe que afectaría el rumbo de la economía.

Para evitar un panorama económico y social complejo, pensando en las elecciones presidenciales de 2011, el kirchnerismo prefiere estar agazapado. Es decir, si la oposición logra elaborar un proyecto de ley unificado y si tiene el visto bueno de las entidades financieras y asociaciones a fines, el oficialismo no sólo apoyará, sino que levantará las banderas de una reforma integral del sistema financiero.

De tal manera, los sectores contrarios al Gobierno no permitirán que Kirchner se alce con una gran victoria reclamada, entre otros, por las entidades agropecuarias. Entonces, la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras no sólo se cruza con intereses económicos muy importantes en el país y en el mundo, sino también con aspiraciones políticas de todos los sectores que desean ser gobierno el año próximo.

Estrategia

En otras palabras, la estrategia K es la especulación con el paso del tiempo, la instalación de otros temas en la agenda parlamentaria y política, y las propias diferencias ideológicas que existen entre la Coalición Cívica, UCR, Peronismo Federal, PRO, Proyecto Sur, GEN y socialismo. La idea es no confrontar con el fuerte sector financiero, evitando el desgaste político ante un posible impacto negativo en la sociedad, pero sin frenar el debate en el Parlamento sobre una nueva ley de regulación.

En el seno del FpV se continúa analizando el costo beneficio de avanzar con una nueva normativa. Para el diputado aliado Carlos Heller, “la actividad financiera es un servicio público y no puede quedar en manos del mercado”. Si bien el Gobierno coincide con esta idea y comulga con un sector financiero con mayores posibilidades de créditos para la producción industrial, observa que hay que debatir “sin demagogia”.

Según los cálculos K, lo que percibiría el Estado tras la reforma financiera y los nuevos gravámenes serían 500 millones de pesos, lo que es considerado por el Ministerio de Economía como “poco”. Entonces, en este caso, el costo sería muy alto y el beneficio muy poco.

Asimismo, en el oficialismo reconocen que la nueva ley “es una asignatura pendiente”, pero afirman que habría que encontrar la manera de que las modificaciones “lleguen a la gente y no sólo sea una pelea de poder”.

Por su parte, la oposición en su conjunto se encuentra en una posición incómoda porque está dividida ideológicamente entre la centroderecha del PRO y el interbloque de centroizquierda que lidera el diputado Fernando “Pino” Solanas. Además, esta ley no sería una dura derrota para el Gobierno, ya que no le restaría ingresos a la caja estatal, pero sería muy compleja la relación en un futuro con el sector financiero.

Por eso, los partidos opositores con serias aspiraciones a convertirse en gobierno el próximo año no quieren provocar un enfrentamiento con un “monstruo poderoso” antes de asumir. ¿Acaso alguien se imagina al presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Alfonso Prat Gay -otrora ejecutivo de la banca extranjera JP Morgan- votando a favor del proyecto de ley de Heller, que establece un aumento de condiciones para la participación de entidades extranjeras?

Trámite legislativo

El debate de una ley que reemplace a la actual normativa de operatoria bancaria, sancionada por la dictadura comenzaría el 3 de agosto en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Según fuentes parlamentarias, habría acuerdo entre los distintos bloques para que el inicio del tratamiento no sea directamente entre los diputados y sus asesores, sino que por la trascendencia del tema se invitará a representantes de los sectores interesados a brindar sus opiniones respecto de la futura normativa.

Entre quienes serían citados a exponer ante la Comisión de Finanzas se cuentan las asociaciones de bancos –ABA, ADEBA, Abappra–; la Cámara Argentina de la Mediana Empresa; la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua); la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios; la Cámara Argentina de Comercio; la Asociación Empresaria Argentina; el Banco Central de la República Argentina, y especialistas como Mario Blejer, y Javier González Fraga, entre otros.

El debate será largo y puede truncarse -sería una buena noticia para el Gobierno- porque, según trascendió, Prat Gay quiere que haya un dictamen único. Pero la pretensión del titular de Finanzas choca con las marcadas diferencias que tienen los dos proyectos en discusión y se sumará un tercero del PRO.

La principal diferenciación es que el diputado Carlos Heller define a la actividad financiera como “un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico y social”.

Mientras que el diputado Gerardo Milman pretende regular el funcionamiento de las entidades financieras, entre las que además de las instituciones tradicionales aglomera a las “sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles” y “los bancos de microcréditos”, no considerados por el legislador de Nuevo Encuentro.

Heller también restringe la tarea del Banco Central como autoridad de aplicación, al exigirle priorizar “la clase, naturaleza jurídica y origen del capital de las entidades”, la “cantidad y ubicación de sus casas”, “el volumen y particularidades de la operatoria” y las “características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos”.

Otra diferencia sustancial es que el texto del titular de la banca cooperativista Credicoop establece que el Poder Ejecutivo Nacional será quien autorice la llegada de entidades financieras de capital extranjero, previa opinión “fundada” del Banco Central, que en la iniciativa Milman no tiene que pedir permiso a la Casa Rosada en ningún caso.

Por lo tanto, en el Congreso comenzará un debate sobre una histórica deuda de la democracia que se verá inmerso en varias cuestiones ajenas a una ley que regule el sistema financiero.

Las elecciones presidenciales en 2011 generan un marco inadecuado para entablar una discusión con un poder sin patria ni ideología. A pesar de las pocas posibilidades de aprobarse, lo único cierto, es la necesidad de una nueva normativa alejada de la coyuntura política.

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