Un anteproyecto de ley elaborado por el Director de Investigaciones en ejercicio de las funciones de Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, en 2003, comenzó a exponerse este martes en un plenario de comisiones de Seguridad Interior y de Justicia de la Cámara baja muy accidentado porque la Comisión de Presupuesto, liderada por Gustavo Marconato, no fue convocada y, además, no hubo quórum.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la falta de definición del Ministerio de Justicia, la Coalición Cívica impulsó este plenario porque considera que es “imperiosa la necesidad de superar las limitaciones que presenta la actual legislación a los fines de garantizar una efectiva transparencia y control del Sistema de Inteligencia Nacional”.

En primer término, el proyecto de ley de Marcela Rodríguez apunta a modificar el artículo 16 de la Ley 25.520. Con ese cambio, la autorización no será necesaria en caso de que quien solicite la información sea miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en ejercicio de sus funciones de control, quien requerirá la información directamente al responsable del organismo en cuestión. En el caso de solicitud de información, documentos o testimonios de funcionarios y agentes del Sistema de Inteligencia Nacional por parte de un juez, motivado en la existencia de una causa judicial en trámite, deberá gestionar una autorización”.

Cuando un juez requiera del testimonio de agentes o funcionarios de inteligencia, como así también de cualquier tipo de documentación, para la dilucidación de un asunto en trámite judicial, deberá –según lo estipula el proyecto- requerirlo al Presidente de la Nación o al funcionario en quien él delegue expresamente tal facultad. “La negativa a brindar la autorización deberá ser fundada. Si el juez considerara que estos argumentos son insuficientes o que carecen de pertinencia o ante la ausencia de respuesta al requerimiento, podrá elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que decida sobre el caso”, se explica en el proyecto.

Con respecto al control Parlamentario, se incorporarían varios incisos a la Ley de Inteligencia Nacional. Entre ellos, el inciso 8: “La elaboración y puesta a disposición de la ciudadanía de un informe público que contendrá las conclusiones del informe previsto en el inciso 4 del presente artículo, en el que se hará reserva de las referencias e informaciones clasificadas como estrictamente secreto y confidencial, secreto y confidencial. Tanto en el caso del informe público como en el caso del informe secreto, de existir disidencias sobre su contenido entre los miembros de la comisión, ésta podrá producir tantos informes en minoría como disidencias existan en su seno”.

Asimismo, se agregaría un inciso 9 en el cual “la revisión de la clasificación de información realizada por las autoridades de los organismos podrá concretarse por iniciativa de los miembros de la comisión o a petición fundada de cualquier ciudadano. La Comisión decidirá motivadamente sobre la viabilidad y fundamentos de la petición. En caso de que decidiera rechazarla, la petición podrá ser presentada nuevamente, incorporando nuevos argumentos”.

Además, la realización de auditoría financiera y de gestión, tanto periódicas como sorpresivas. “Al comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fijará un plan de auditoría. Para la realización de las auditorías, la Comisión podrá solicitar la colaboración de personal especializado a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación. El personal referido quedará comprometido a la misma reserva de la información a la que tuvieren acceso que la señalada por el artículo 40 de la presente ley”.

Cabe recordar que la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior está a cargo de Griselda Baldata (CC); y el titular de la Comisión de Justicia es el radical Ricardo Gil Lavedra; dos comisiones presididas por la oposición.