El documento lleva las firmas de los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Jujuy, Walter Barrionuevo, de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Santa Cruz, Daniel Peralta; y de Río Negro; Miguel Saiz.

Los mandatarios provinciales de Neuquén, Jorge Sapag; de Mendoza, Celso Jaque -durante la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Cámara alta realizada esta martes en el Salón Eva Perón del Congreso, se leyó una carta enviada por él, en la que avala la iniciativa del Senado-, y de Chubut, Mario Das Neves, no firmaron el texto.

En pleno ejercicio del Federalismo, y en uso de facultades, competencias y jurisdicciones, las provincias cordilleranas deseamos manifestar:
1- Que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, todos los recursos naturales, incluidos los glaciares, son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren.

2- Que los gobiernos provinciales de las provincias cordilleranas se encuentran comprometidos con la protección del medio ambiente existente en cada uno de sus territorios, siendo el federalismo un sistema político de distribución territorial de las competencias que permite resolver con eficacia las cuestiones ambientales particulares y verificables en los territorios de cada una de dichas provincias.

3- Que resulta imprescindible la protección de aquellos glaciares existentes en nuestro territorios que cumplan funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, y por tanto acordamos en la necesidad de su preservación como tales, todo ello en el marco de un adecuado y equilibrado desarrollo sustentable que permita que las actividades productivas y de servicios puedan satisfacer las necesidades y el desarrollo económico de nuestras provincias, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, proveyendo así al derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo y crecimiento humano presente y futuro.

4- Que el referido desarrollo sustentable con protección y cuidado del ambiente es política de estado en cada una de nuestras provincias.

5- Que con miras a ello, y especialmente en lo que respecta a los glaciares, se continuará en cada una de las provincias con la tarea encarada de identificar y caracterizar los glaciares existentes en cada uno de nuestros territorios para incluirlos en los Inventarios Provinciales de Glaciares, que se confeccionarán a esos especiales efectos.

6- Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Que en virtud de ello, el establecimiento de presupuestos mínimos ambientales por parte de la Nación debe limitarse a fijar la legislación de base quedando, como competencia de las provincias, las atribuciones a legislar por encima de ello, y establecer parámetros ambientales más rigurosos, de acuerdo a su especial situación.

7- Que en ejercicio de la facultad de dictar normas que establezcan los Presupuestos Mínimos Ambientales (delegada a la Nación, conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional), el Congreso Nacional ha dictado la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales Nº 25.675, conocida como “Ley General del Ambiente”.

8- Que a través de dicha “Ley General del Ambiente”, el Congreso Nacional ha establecido, como presupuesto mínimo ambiental para todo el territorio de la nación, un “sistema de evaluación de impacto ambiental previo” a la autorización de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente (Conf. Arts. 11, 12 y 13 de la Ley Nº 25.675). En tal sentido, resulta inadmisible establecer normas de presupuestos mínimos, fijando la prohibición para el desarrollo de algunas actividades en particular.

9- Que para la adecuada e impostergable protección de los glaciares existentes en nuestros territorios, resulta imprescindible para las provincias proceder en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y del artículo de la “Ley General del Ambiente”, a complementar el “sistema de evaluación de impacto ambienta previo”, fijado por la Nación como presupuesto mínimo, estableciendo mediante la correspondiente legislación provincial un requisito ambiental más riguroso aplicable a todos los estudios de impacto ambiental que se presenten para la aprobación de cualquier actividad que se proyecte en glaciares, sin realizar discriminación alguna de actividades.

10- Que de conformidad con el modelo de ley provincial de protección de glaciares que se adjunta al presente como Anexo I y que los firmantes de esta declaración comprometen impulsar en sus respectivas legislaturas locales, se debe:
(i)- Concluir a la brevedad posible, en cada una de las provincias, el Inventario Provincial de Glaciares, a cargo de autoridad provincial idónea.
(ii)- Establecer como requisito ambiental más riguroso que el presupuesto mínimo de evaluación ambiental, un contenido mínimo obligatorio dedicado a glaciares, y aplicable sin discriminación a todas las actividades que se proyecten en los mismos.
(iii)- Prohibir aquellas actividades proyectadas en glaciares cuya ejecución, según la evaluación de impacto ambiental respectiva, impliquen su destrucción o traslado, o interfieran en su avance degradando las funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.