La diputada nacional de PRO Gladys González presentó un proyecto de ley a fin de proporcionar una instancia administrativa de conciliación que evite la judicialización de los casos de sobreendeudamiento pasivo. Estamos hablando de quienes hayan obtenido créditos de consumo -no comerciales- y se encuentren endeudados por motivos imprevistos o inevitables, que pudieran generarles un riesgo de quedar en condición de insolvencia.

El procedimiento será gratuito y contemplará, dentro de los 35 días hábiles, acuerdos de pago con acreedores que incluyan reducción o suspensión de intereses, reformulación de plazos de pago, quita, condonación parcial y/o unificación de deudas. Una vez agotadas todas las vías posibles de negociación, el proyecto prevé proporcionar un procedimiento judicial especial.

“Las crisis económicas, la pérdida de empleo, una enfermedad grave o la ruptura del vínculo conyugal son circunstancias adversas que pueden tornar imposible el pago de una deuda”, explicó González y agregó “Argentina está estimulando el consumo a través de créditos, pero aún no contamos con una legislación que prevea situaciones inherentes a un cambio de escenario social o individual que pueda provocar insolvencia”.

El sobreendeudamiento pasivo es una consecuencia indeseada del aumento exponencial de la oferta de créditos al consumo que se ha dado en los últimos años en nuestro país, que en el período 2003-2010 registró un crecimiento de un 517% en promedio. En los últimos siete años el financiamiento de tarjetas de crédito creció en un 820% y el de los créditos personales, en un 1330%. La masificación del uso de tarjetas de crédito y de aquellas emitidas por comercios y cadenas comerciales, acompañada por una falta de políticas y de legislación en la materia, han contribuido a que esta situación se exacerbara.

La iniciativa impulsada por la diputada propone modificar este escenario mediante un procedimiento administrativo simple, breve, confidencial y gratuito, que será supervisado por una Unidad de Conciliaciones de Sobreendeudamiento Pasivo (UCSP), creada a tal efecto bajo la órbita de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Economía. El ciudadano deudor podrá solicitar el trámite administrativo personalmente o a través de Internet y en un plazo máximo de 35 días hábiles accederá a una primera audiencia con su acreedor. El trámite no podrá ser solicitado para las deudas alimentarias y de carácter empresarial.

“La única forma de desarrollar una cultura de consumo y acceso al crédito responsable es promoviendo la recuperación de la economía familiar, mediante una legislación que normalice su situación financiera y evite cualquier situación de exclusión social o laboral”, señaló la diputada miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y sintetizó “prevenir la insolvencia es defender a los usuarios”.