Se cumplen 25 años de un hecho trascendental para la historia de nuestro país y el mundo entero. El 9 de Diciembre del año 1985 los integrantes de las juntas militares que comandaron el último golpe de estado de nuestra Nación fueron condenados por las constantes y aberrantes violaciones cometidas a los derechos humanos

El fallo condeno a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.Este acontecimiento histórico fue fruto de una clara decisión política adoptada por el Presidente Raúl Alfonsín.

Durante su campaña electoral había sostenido que era imposible sustentar la democracia sobre la base de claudicaciones éticas, como lo eran ocultar y pretender borrar de la memoria las atrocidades de la dictadura.

Coherente con sus ideales y promesas, el 15 de Diciembre de 1983 –a sólo cinco días de asumir como Presidente- sanciono el decreto 158 que ordenaba enjuiciar a las tres juntas militares que usurparon el poder y dirigieron el destino de nuestra república desde el golpe del 24 de Marzo de 1976 hasta la guerra de las Islas Malvinas. El mismo día se propuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) integrada por personalidades destacadas e independientes, que tuvo como tarea la recolección de todos aquellos elementos -especialmente testimonios- que sirvieron como prueba a la hora de dictaminar.

Las investigaciones realizadas por la CONADEP tuvieron como resultado su famoso informe titulado “Nunca Mas”

El 4 de Octubre de 1984 la Cámara Federal, tomó la decisión de desplazar al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas, para hacerse cargo de la causa. Debido a la gran cantidad de delitos sobre los que existían constancias –más de diez mil- el fiscal Strassera decidió presentar 709 casos considerados paradigmáticos.

La audiencia pública –realizada entre el 22 de Abril y el 14 de Agosto de 1985- reveló las atrocidades cometidas durante el golpe de estado. Se pusieron al descubierto metodologías y practicas planificadas desde la cúpula militar, las cuales implicaban entre otras muchas las siguientes: centros de detención y tortura, desapariciones sistemáticas, robo de niños, complicidades de los distintos estamentos del estado, etc.

Finalmente, el 9 de Diciembre se dicto la sentencia condenatoria. A veinticinco años de dícho pronunciamiento resulta imprescindible destacar el valor y coraje de la decisión de enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos, sobre todo si se tiene en consideración el contexto en que se llevó adelante este histórico proceso. Durante aquellos años los militares mantenían todo el poder y el monopolio de armas, a tal punto que muchos funcionarios judiciales convocados a colaborar con el proceso se negaron a hacerlo. La subordinación a las instituciones era solo teórica Los países de la región continuaban con fuerte presencia de militares, y el conflicto con Chile era una constante amenaza.

Por otra parte, la ley 22924, denominada de Pacificación Nacional –una autoamnistía encubierta- era defendida intensamente por los militares sin un menor atisbo de autocrítica. Luder, en cabeza del partido justicialista, sostenía que la ley de Pacificación Nacional era irreversible, y por lo tanto descartó la posibilidad de juzgar a los responsables de las juntas militares

A pesar del contexto desfavorable, gracias a la férrea voluntad política y al valor inconmensurable de los magistrados y fiscales se pudo llegar a la determinación de la culpabilidad de los integrantes de la junta militar mediante un proceso histórico y único en el mundo. El juicio a las Juntas Militares Argentinas fue el único en el que miembros de fuerzas armadas fueron juzgados por jueces locales, con leyes locales y condenados por la violación de Derechos Humanos.

Comúnmente suele citarse como antecedente de este fallo el juicio a los coroneles griegos, pero esta reseña es inexacta, ya que aquellos fueron juzgados por tribunales militares y condenados por traición a la patria y no por violación a los derechos humanos. Tampoco el juicio de Núremberg puede ser comparado con el caso Argentino. No fue una justicia del vencedor, no fue el olvido, la impunidad, la amnistía, la autoamnistía, sencillamente se aplicó la Constitución Nacional y se los juzgo ante un tribunal constitucional con la ley en mano.

En palabras claras, por primera vez en la historia se llevó a los responsables ante un juez natural, y se los acuso y juzgo con derecho a un debido proceso basado en la Constitución.
Cabe recordar el camino seguido por países latinoamericanos, en donde se recurrió al silencio o a la amnistía, para olvidar los atroces hechos perpetrados dentro de sus territorios por parte de fuerzas armadas que habían usurpado el poder.

El juicio a las Juntas Militares marcó un hito en la historia mundial. La democracia tal cual la conocemos y vivenciamos en la actualidad no hubiera sido posible sin ese proceso ejemplificador. Fue a partir de ese histórico fallo que se abrieron puertas para posteriores investigaciones y juicios a los distintos niveles y estamentos del poder militar.

En la actualidad, con un contexto histórico diferente y con otra relación de fuerzas, la lucha por la averiguación de la verdad continúa, pero nada hubiese sido posible si la bandera por los derechos humanos no hubiera sido levantada en el momento de mayor dificultad.
Por ello es que debemos rendir nuestros honores a aquellos hombres y mujeres que hicieron de nuestro país un lugar más libre y justo.

Juan Pedro Tunessi es diputado nacional de la UCR