La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja advirtió que esa alternativa “está prohibida por la Ley de Medios”.
“El doble discurso del Gobierno es evidente: instrumentaban el canje de deuda por publicidad oficial por resolución, mientras que en la Ley de Medios lo prohibían”, observó Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, en relación a la aplicación de la Resolución Nº 132/2010 que permite a los medios saldar deudas fiscales a través del canje por publicidad oficial.
La legisladora radical recordó que el artículo 13 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que “las multas y otras sanciones pecuniarias no serán canjeables por publicidad o espacios de propaganda oficial o de bien común o interés público, pública o privada, estatal o no estatal, ni por ninguna otra contraprestación en especie”, por lo que advirtió que “canjear deuda fiscal o previsional por publicidad oficial contraviene el espíritu de la ley que redactó y sancionó el oficialismo”.
“Los 470 millones destinados en el Presupuesto para el 2011, más los espacios que se logren en los medios gráficos y audiovisuales gracias al canje le darán al Gobierno supremacía absoluta en los medios durante el año electoral”, alertó la diputada radical, para quien “queda al descubierto que la reforma electoral no era para fortalecer los partidos políticos sino para beneficiar al partido gobernante y que la ley de medios se ignorará en todo aquello que no sirva para fortalecer el monopolio estatal en los medios de comunicación”.
Giudici sostuvo que “cuando se sancione la ley para regular la publicidad oficial, cuyo dictamen está aprobado, se prohibirá expresamente la emisión de publicidad oficial durante las campañas electorales y así se podrán redirigir esas millonarias partidas presupuestarias a las verdaderas prioridades de los argentinos como por ejemplo el 82% móvil para los jubilados”.
La diputada nacional tiene una demanda judicial en curso tramitando en la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal por la negativa del jefe de Gabinete a brindar información sobre la asignación de recursos de la pauta oficial.
