He leído en estos días numerosos comentarios realizados por mis comprovincianos respecto de la implementación de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. Casi todos ellos con-centrados en un solo aspecto de la temática, que por cierto no es para nada el más importante: la edad a partir de la cual se le puede imputar a una persona responsabilidad penal. En consecuencia, un enfoque tan limitado de un proyecto de reforma integral, desvía y yerra notablemente sus objetivos.

Estimo que es el desconocimiento de la mayoría de la población sobre los alcances que se pretende dar a esa reforma, lo que lleva a una opinión tan distorsionada; los medios de comunicación también parecen reducir la discusión a ese punto, por lo que, a pesar de ser públicamente conocida mi posición, me parece oportuno reiterarla, a la vez que informar sobre las diferentes aristas de la sistemática que se pretende implementar.

Por el diputado Alberto Paredes Urquiza (FpV-La Rioja)
Se dice, por ejemplo, que toda iniciativa tendiente a establecer un régimen jurídico-penal para los menores que incursionan en el delito implica la intencionalidad de recluirlos en cárceles o institutos reformatorios que sólo habrán de contribuir a un agravamiento de su conducta. Que los menores, especialmente en ciertas franjas etarias, “no tienen conciencia” de lo que hacen, por lo que resulta arbitrario considerarlos responsables por sus actos.

Que tanto la Constitución nacional como los tratados internacionales que la integran prohíben este tipo de regulaciones, o que las mismas no constituyen una solución definitiva al problema. Argumentos de tal falacia o banalidad que en otras sociedades, que ya han adoptado medidas concretas en la temática, ya no tendrían asidero ni audiencia, pero que en nuestro medio son comunes de escuchar, incluso por conspicuos políticos, devenidos en especialistas en la materia.

Lejos de pretender por mi parte una especialidad, pero apelando al mero sentido común, estudiando las legislaciones comparadas de países de Latinoamérica y de Europa y escuchando a los profesionales y técnicos que en diversas instancias trabajan de cerca con la problemática de los menores, me atrevo a refutar severamente aquellas manifestaciones, cuyo sostenimiento, a veces, parecen implicar, más que un serio desconocimiento del tema, una decisión de negar la problemática, o minimizarla, o postergar su tratamiento.

En todos los proyectos presentados en el Parlamento nacional, jamás se procura armar mecanismos represivos hacia el menor; poniéndose especial celo en el carácter socio-educativo de las medidas a adoptar como consecuencia de la conducta que exhibe. Se hace especial hincapié en las características de los lugares que habrán de destinarse para el tratamiento cuando se haya dispuesto una privación de libertad, que siempre lo será por un tiempo determinado, y como un recurso de última instancia, frente a una situación conductiva grave, o de graves consecuencias, y en todos los casos, cuando detallados informes técnicos así lo aconsejen y justifiquen. Se prohíbe terminantemente, además, la detención en lugares de dependencia de las fuerzas de seguridad, como la participación de las mismas en el tratamiento de rehabilitación, debiendo hacerse cargo el Estado, con personal y lugares especialmente capacitados para la tarea a desarrollar. Lejos se está entonces de establecer un régimen represivo.

Debe entenderse que cuando observamos la realidad acuciante del crecimiento del delito cometido por menores, la reacción estatal no puede hacerse esperar, y que no se trata de castigar sino de encarar el problema, gestionando a través de la actuación conjunta de los órganos judiciales y administrativos competentes, una recomposición al orden alterado; reconociendo que el joven que comete el delito tiene en sí un grave problema, que por sí solo, o ni siquiera en su ámbito habitual, difícilmente pueda solucionar sin la intervención del Estado; asumiendo que existe una víctima cuyos derechos han sido violentados, generando en ella, cuando no una situación de miedo, un ánimo de “justicia por mano propia” al ver que nadie acude en su protección. Resulta inadmisible escuchar, en repetidas ocasiones, a los gobernantes o algunos miembros del sistema judicial, que consideran que el problema es mínimo, o pasajero; que no advierten las consecuencias nocivas de la permisibilidad, o del “garantismo”, que sólo han garantizado la continuidad del menor en el delito, pero que jamás han contribuido para una reconversión de su conducta.

Es común asimismo escuchar que la situación que se atraviesa es producto de una pobreza estructural, de la falta de oportunidades, la escasez de trabajo que agobia a nuestros jóvenes, la deficiencia de la educación, etc. Y que la reversión de la situación se logrará cuando las condiciones del país cambien, obviamente, y vivamos en una situación óptima de desarrollo material y espiritual. Dejarse convencer por la utopía de un paraíso terrenal en donde no haya lugar para el delito, y que debemos esperar a conseguirla y mientras tanto no actuar, resulta verdaderamente patético. Como lo es asociar la pobreza a la delincuencia juvenil, y querer “justificarla”, asumiendo actitudes “comprensivas” y resignadas. Todos estos argumentos, que implican una posición filosófica y política frente al tema, sólo han servido, en los últimos años, para acrecentar la inacción estatal, la estadística delictiva, la pérdida progresiva de valores, la sensación de inseguridad, y, por parte de muchos de los que se benefician con este cuadro, la certeza de que en nuestro país hay caldo de cultivo para montar verdaderas redes delictivas, aprovechándose, justamente, de aquellos a quienes se cree que se “protege”, es decir, los menores.

La reforma que se propone, tiende decididamente a establecer un marco jurídico, pero a la vez una política de actuación frente al tema, que implique un tratamiento realista, moderno, y con asiento en criterios profesionales especializados. Que cita expresamente y declara de aplicación inexcusable a la más moderna legislación internacional sobre los derechos (y deberes) de los menores de edad. Que prevé y exige de todos aquellos que habrán de intervenir, una responsabilidad concreta, con criterios de actuación bien definidos.

Hechas todas estas aclaraciones, para conocimiento de todos y para tranquilidad de los que genuinamente reaccionaron con preocupación frente a la escasa información de que se dispone, vale citar este enfoque, que es la base sobre lo cual debe entenderse el tema de la edad de la imputabilidad: lo que se pretende no es reprimir al menor, sino establecer un sistema de protección a su situación, que cuanto antes se establezca en su vida, más posibilidades tiene de ser exitoso, y sacarlo de la delincuencia, antes que dejarlo hacer, hasta un momento en que ya su problema será muy profundo, casi irreversible. Antes de que se convierta en un verdadero delincuente.

Veamos: casi no hay país en el mundo que mantenga a los 16 años la edad de responsabilidad penal (en toda América, sólo Haití y Argentina), más aún, los países más avanzados (en todo, absolutamente todo sentido) tienden a bajarla más todavía. ¿Porqué? ¿Acaso porque son sociedades represoras, abusivas, autoritarias? Claro que no, sino que han comprendido que es la mejor manera de poder articular un conjunto de medidas preventivas, protectoras y disuasivas que con el régimen legal de hoy no han sido posibles de lograr. Y por supuesto que hay que decirlo, tampoco el Estado ha tomado medidas y dedicado el presupuesto suficiente para acudir a solucionar el problema.

En síntesis, la ley es necesaria, con todos los puntos que se proponen (incluso el de la participación simultánea de los padres en el juicio, asumiendo su responsabilidad civil y ética por la conducta de sus hijos). Y junto con la ley tendrá que venir una política de seguridad en materia juvenil que abarque el área administrativa y el área judicial con definiciones muy precisas, con responsabilidades bien marcadas para todos sus actores, con una previsión presupuestaria suficiente y un nivel de información adecuado para que la sociedad sepa qué es lo que se está haciendo. Es un deber de todos.