Las reglas económicas generales cada vez se aplican menos en la Argentina. Al menos eso es lo que se puede observar de lo que ocurre en el país en los últimos años.
Y uno de esos puntos neurálgico es que el Banco Central se ha transformado en una gran fuente de financiamiento del Estado nacional.

De hecho, en los últimos meses, el Banco Central empezó a tener cada vez más injerencia en la provisión de recursos, a pesar que sus objetivos no son estrictamente esa función.

“Si no hubiera sido por el Banco Central, el año pasado no se habría podido obtener superávit primario”, advirtió el economista y consultor Camilo Tiscornia.

El BCRA está aportando recursos por diversas vías. En primer término, gira partidas al Tesoro; en segundo término, le traspasa a la administración central las utilidades obtenidas por las reservas, y en tercer término, se ha conformado el fondo para la cancelación de deuda justamente con la utilización de reservas monetarias.

Para tener una idea, los números concretos hablan por sí solos. En 2010 hubo unos 180 mil millones de pesos de necesidades de financiamiento, de los cuales, el Banco Central aportó casi 90 mil millones de pesos, es decir, la mitad.

“Eso demuestra que el BCRA es la gran fuente de financiamiento del Estado en estos momentos y de allí es que ese es un aspecto muy negativo, porque desvirtúa totalmente el concepto de lo que es un Banco Central”, resaltó el mismo economista.
En definitiva, se trata de un aumento notable del gasto público, del orden del 35 por ciento anual.

Eso ha motivado que el Poder Ejecutivo tenga una notable voracidad por recursos de dónde sea, que no bastó con la estatización de las AFJP.

Tal es así que las emisiones de deuda intraestatal totalizaron en los primeros dos meses del año una cifra cercana a los 12.000 millones de pesos.

Está claro entonces que la Argentina continúa con problemas para acceder al mercado de capitales y que, por eso, tiene que recurrir a los recursos excedentes que poseen los organismos descentralizados para poder financiar el aumento del gasto público.
Diversos analistas advierten que este tipo de instrumentos que está utilizando el Gobierno no puede ser permanente y advierten que tendrá un costo negativo importante en el mediano plazo.

Se trata, en definitiva, de una situación que podría tener consecuencias muy negativas para el futuro.

Esas consecuencias podrían recaer con fuerza sobre los futuros jubilados y también las cuentas del Estado en el mediano y largo plazo.