Si bien trascendió por su emotivo y conmovedor discurso cuando se debatió el matrimonio igualitario en el recinto de la Cámara de Diputados, Ricardo Cuccovillo, desarrolló una intensa actividad política y sindical desde el llano, peleando siempre por los derechos vulnerados, lejos de la solemnidad; sabiendo lo difícil que era el camino, no eligió ningún otro. Se entregó a sus ideales en cuerpo y alma, revelándose ante las injusticias, construyendo, nunca destruyendo. Desde su juventud como militante socialista, se propuso cambiar la realidad para darle sentido a su existencia. Hoy, como diputado, es vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, e integra la Comisión de Legislación del Trabajo y la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONGs, entre otras.

– Para atender el problema de la falta de vivienda, o de tierra donde asentarse, con sus consecuencias de hacinamiento y falta de servicios esenciales, ¿es urgente que el Congreso presente y discuta proyectos de ley que prevean un plan integral de construcción de viviendas populares?

– La cuestión del hábitat humano en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires es un problema que lejos de subsanarse con el correr del tiempo, se agravó. Este problema no es sólo de vivienda, sino además de falta de la infraestructura básica que esas viviendas necesitan. En nuestro país el acceso a la vivienda digna y propia no se concibió como un derecho universal que el Estado debe garantizar, sino una especie de lujo regulado por el mercado, de cierta clase media próspera, en otros tiempos de nuestro país. El resto debe arreglarse como pueda. Los planes estatales no deberían correr detrás del problema sino ser una política de Estado que a través del tiempo aborde cada solución habitacional en el momento que sea necesaria.

– En el Congreso existen 28 proyectos de ley (20 en Diputados y 8 en Senadores) con estado parlamentario, pero no tienen una visión integral y sólo apuntan a solucionar aspectos parciales. ¿Los planes integrales se deberían elaborar junto con el Poder Ejecutivo Nacional y los provinciales, o lo único que le queda a la gente es hacer lo que se hizo?

– Si se pretende que cada familia tenga su vivienda, el abordaje del problema habitacional debe ser integral. Esto requiere por parte de los Estados (ejecutivos y legislativos) y de la sociedad toda de un cambio cultural en materia habitacional. Paliar el déficit habitacional debe encararse mediante una política que estipule el precepto constitucional por el cual cada habitante tiene derecho a una vivienda digna. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se debe cambiar el concepto de construcción de viviendas “llave en mano” por el concepto de “Solución habitacional”, lo cual implica no necesariamente un solo tipo de plan sino el abordaje de distintos planes.

– ¿Cómo se instrumentaría esto?

– A la construcción de barrios, que deberían ser de menor cantidad de viviendas, deben sumarse la construcción de pequeños conjuntos habitacionales integrados al ejido urbano, la ampliación y mejoramiento de viviendas ya existentes, la construcción de más de una vivienda en un terreno, respetando las disposiciones del uso del suelo, creación de líneas de crédito blandas o círculos de ahorro previo, para sectores de ingresos medios, construcción por ayuda mutua, creación de cooperativas de viviendas y toda otra posibilidad que implique no sólo paliar el déficit habitacional, sino erradicarlo para siempre. El aumento de los fondos destinados a la construcción de soluciones habitacionales es un multiplicador directo e indirecto de mano de obra y proliferación de PYMES de la construcción. Se trata de que cada familia deje de amoldarse a una determinada política de vivienda masiva y pase a ser sujeto individual al que el Estado le debe brindar una especial atención coordinando sus aspiraciones sociales, culturales y económicas; y teniendo en cuenta el número de personas que la conforman.

– Para complementar lo anterior, ¿sería necesaria una reforma urbana a fondo, que acabe con la especulación de la tierra y garantice la vivienda para los sectores populares?

– En los grandes conglomerados urbanos el problema del acceso a la vivienda por parte de la población va de la mano de la falta de acceso a la tierra, un bien cada vez más escaso en vastos sectores tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Conurbano. Con la lógica del sistema capitalista, se critica la constante toma de tierras y los asentamientos que en ellas se producen. Nada se dice sobre cuál sería la alternativa a esos apoderamientos ilegales por parte de un grueso sector de la población que ve cómo se amplía la brecha entre sus alicaídos salarios y el valor de la tierra, en constante suba.

– Los últimos acontecimientos de ocupación de tierras evidenciaron que un importante porcentaje de habitantes viven en una situación de ultra precariedad. ¿También pusieron en evidencia la magnitud del negocio inmobiliario y de tierras ociosas?

– Resulta inmoral que mientras los desposeídos no pueden acceder a un pedazo de tierra para construir sus viviendas haya propietarios con grandes superficies improductivas. Una vez más, como en otros tantos temas de la Argentina, observamos que el problema no es la pobreza sino la desigualdad social.

– Los gobiernos Nacional y de la Ciudad, y otros como el de Formosa, ¿en vez de combatir la pobreza, combaten a los pobres?.

– Para combatir la pobreza, entre otras medidas, debe dejar de verse como una carga y un gasto destinado a los pobres la construcción de viviendas por parte del Estado, para convertirlo en una política en constante expansión en donde se entienda que al invertir en viviendas se invierte indirectamente en salud, seguridad y un futuro mejor, no sólo para quienes reciben el beneficio sino para toda la sociedad.

– Además, los gobiernos y los ámbitos legislativos ¿consideran qué existe una necesidad sanitaria de mejorar las condiciones de vida de la población: casas dignas en lugares dignos, con agua corriente y cloacas?

– También debe ser integral el plan de obras de infraestructura básica que acompañe el crecimiento poblacional. El hábitat humano no es sólo la vivienda. Hoy, en las grandes ciudades, la gran cantidad de habitantes provoca que se viva mal, se viaje mal, que se encuentren colapsados caminos, calles, servicios públicos, etc. Tanto el Estado nacional como el bonaerense debe direccionar políticas que tiendan a descomprimir las grandes urbes propiciando la migración interna voluntaria hacia lugares del interior menos poblados. Para esto se deben establecer beneficios a las familias que se muden a lugares menos habitados. Y lograr menor concentración en grandes barrios, priorizando los más pequeños, los conjuntos habitacionales y las soluciones individuales.

Situación de los obreros rurales

En 1977 la dictadura militar creó un Estatuto especial que terminó con la elección de paritarios por lugar y se pasó a tener un solo paritario nacional para los trabajadores rurales. Impusieron la Ley 22.248 (Régimen Nacional de Trabajo Agrario), la cual los sacó de todas las especialidades de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)y anuló todos sus derechos adquiridos. En la actualidad casi todo es trabajo en negro, no tienen feriados ni vacaciones, todo es a gusto y criterio del patrón. Ahora hay dos proyectos de Ley de Trabajo Agrario presentados en el Congreso, una del Gobierno nacional y otra del secretario general de UATRE, Gerónimo Venegas.

– Con la aprobación de la Ley de Trabajo Agrario, ¿será posible que el trabajador rural esté bajo el amparo de la Ley de Contrato de Trabajo, para igualarlos en todos sus derechos con el resto de los trabajadores?.

– Recién se comenzaron a debatir en una sub comisión de asesores los dos proyectos. Ambos proponen mejoras a las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Lo ideal sería que no existiera un régimen especial y que se modificara el art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo para que los obreros rurales tengan exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores. En materia de trabajo rural hay que modificar toda una cultura del trabajo. La relación laboral de los peones rurales muestra como en ninguna otra la injusticia social del interior del país. Son métodos de explotación que llevan décadas de aplicación.

– En ambos proyectos está el tema de las bolsas de trabajo que manejaría UATRE, lo cual les permitiría a los obreros estar sindicalizados. Pero no está claro ¿quiénes administrarán esa bolsa de trabajo?, ¿los legisladores pueden garantizar que los obreros no deban pagar coimas para acceder a un trabajo? ¿Cómo se manejará este instrumento legal?

– La realidad demuestra que actualmente el acceso a las jornadas de labor son manejadas en forma punteril y clientelar. Eso también se debe modificar. Hay un tironeo muy grande entre el Gobierno y el sindicato en esta cuestión y en la registración de los trabajadores. También debe extenderse la mano del Estado en esta cuestión. Y relacionado con esta cultura del trabajo que mencionaba en la pregunta anterior, se deben realizar fuertes campañas de concientización en los trabajadores para que comprendan que tienen amparo legal, que pueden exigir el cumplimiento de la ley laboral.

– Usted pertenece al Partido Socialista, igual que el gobernador Binner, ¿podría explicar la medida que se tomó en esta provincia vinculado a los trabajadores rurales?

– El ministro de Trabajo de Santa Fé, Carlos Rodríguez, firmó la resolución Nº 075, mediante la cual se establecen condiciones mínimas de trabajo decente en campamentos rurales. La normativa no tiene precedentes y coloca a Santa Fe a la vanguardia en el tema. Estipula las condiciones de habitabilidad, y todo aquello que lo rodea: provisión segura de energía, ubicación de residuos, duchas y sanitarios, presencia obligatoria de pararrayos, provisión de vestimenta adecuada, infraestructura mínima, capacitación específica para la tarea que realizan, y recordatorio de los derechos de los que gozan como cualquier otro trabajador. Se busca imponer requisitos básicos de organización en los campamentos temporarios, disponiendo así un marco para el cumplimiento de derechos humanos fundamentales.

– En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Corresponsabilidad Gremial. Teniendo en cuenta los últimos hechos que se advirtieron en el sector rural, ¿considera usted que esta Ley se está aplicando?

– Esta Ley permite firmar acuerdos de Corresponsabilidad Gremial entre entidades sindicales y empresarios suficientemente representativos que deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo. El objeto de la firma de estos convenios era la participación de sectores interesados en la gestión y la defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema de la Seguridad Social. También busca perfeccionar los métodos de control, fiscalización y recaudación de los aportes y la más precisa individualización de los obligados y los beneficiarios del Sistema. Esta norma intenta contribuir al descenso del trabajo en negro, pero dados los acontecimientos recientes creo que es insuficiente. Las leyes no modifican por si sola la realidad. Insisto, hay que modificar toda una cultura de años de explotacion y desamparo. Y el control del Estado y de las entidades gremiales debe ser permanente a fin de terminar con el flagelo.

El “modelo” K

– Todo indica que este año la economía seguirá creciendo, pero ¿quién se queda con este crecimiento?

– El Gobierno, en casi ocho años, no produjo las reformas estructurales necesarias para que el que más gana, más aporte al desarrollo nacional. No concretó una reforma impositiva, progresista.

– Cuando desde el oficialismo se plantea “defender el modelo”, ¿cuál sería este “modelo”?

– El Gobierno implementó algunas medidas positivas como la Asignación Universal por Hijo, pero mantiene la estructura regresiva de impuestos, como el IVA a alimentos básicos; oculta una inflación de más del 26 % anual y, en alimentos del 182% en los últimos cuatro años, según los trabajadores despedidos o desplazados del Indec, y las Universidades e institutos de algunas provincias; mantiene a más de un 50 % de los trabajadores “en negro” y a más del 30 % de la población en la pobreza, aunque alrededor del 25 % haya mejorado mucho sus condiciones de vida; se apropia del 76 % de la Coparticipación Nacional, lo que le permite disciplinar a las provincias y municipios; reprime y margina a los pueblos originarios; entrega las riquezas como las hidrocarburíficas y mineras; no avanzó en la investigación de la deuda externa teniendo en cuenta que el juez de la Nación sentenció que es “ilegítima y fraudulenta” . Decisiones, todas negativas, en el medio de una práctica de gestión que profundizó la ya débil calidad institucional que el país tenía. Algunos amigos del campo progresista se empeñan en ver parcialmente la realidad. De allí su apoyo al oficialismo, lo que en el corto plazo les significará una nueva frustración.

– Además, este “modelo”, ¿permite la distribución de la riqueza o, contrariamente, le garantiza a los monopolios, y otros grupos económicos, un crecimiento de más del 40 % de la tasa de ganancia?

– Le reitero, el Gobierno no implementó las medidas “progresistas” necesarias para hacer que los sectores que más se enriquecieron sean los que más aporten. En ese aspecto se manejaron como los mejores gobiernos liberales. Junto a ello sorprende el desarrollo empresarial de “los amigos”. Sin duda, esto preocupa a importantes sectores que acompañan al oficialismo pero no atinan a poder influir en su modificación.

Por Edith Skarbun