Se ha producido un hecho de máxima gravedad. Un juzgado suizo ha realizado un trámite en una causa delictiva que afecta al señor Moyano y algunos dirigentes sindicales argentinos han respondido intentando paralizar el país, llamando a la ocupación de las calles y amenazando a los medios de comunicación para proteger a los imputados en esos presuntos delitos.

Esto no es defensa de los trabajadores. No es ejercicio democrático del derecho de huelga. Y no es igualdad ante la ley. Es simplemente un atentado intolerable contra el Estado de derecho.

Nuestra Constitución reconoce el derecho de huelga ligado a la defensa de los derechos de los trabajadores y de sus condiciones de trabajo, pero jamás se consideró que este derecho pudiera ser utilizado para obstaculizar a la justicia, amparar presuntos delitos o coartar mediante amenazas la libertad de expresión.

Esta convocatoria es una manipulación de los trabajadores y un chantaje institucional. Es un paro para parar a la justicia.

Cuando quienes controlan el poder sindical ponen ese poder al servicio de los intereses de una persona; cuando amparan o encubren actividades presuntamente delictivas o incluso algunos de sus dirigentes pasan a formar parte de la economía del delito; cuando no les importa dañar gravemente al país para proteger los privilegios y el poder de sus dirigentes, eso deja de ser un sindicato y pasa a ser otra cosa, poco compatible con el orden democrático.

Ante este desafío, las autoridades no pueden permanecer inmóviles. Esperamos una respuesta de la Presidenta acorde con su condición de gobernante y no de jefa de un partido. El Gobierno de la Nación tiene que liberarse del secuestro político al que lo tienen sometido algunas cúpulas sindicales, pensar menos en sus ganancias electorales -o de cualquier otro tipo- y defender la ley y la justicia.

En mi opinión, ésta será una huelga ilegítima e ilegal. Por eso, anuncio que, en el ejercicio de mis funciones representativas como legislador de la Nación, me propongo:

a) Solicitar oficialmente que los servicios jurídicos del Estado estudien la posible declaración de ilegalidad de esta convocatoria.

b) Entrar en contacto con otros dirigentes de los partidos parlamentarios para sugerirles que el Congreso apruebe por consenso, y si no es posible por mayoría, una resolución rechazando esta convocatoria. En ella expresaremos también la solidaridad con los medios de comunicación que han sido amenazados y la defensa incondicional de la libertad de expresión.

c) Asumir el compromiso de que cuando sea Presidente promoveré reformas legislativas para impedir estos usos abusivos del derecho de huelga. En concreto, propondré que no puedan convocarse huelgas contra resoluciones judiciales.

Ha llegado el momento de decir basta. El poder descontrolado de algunas cúpulas sindicales se ha convertido en una patología que está haciendo enfermar gravemente a la democracia argentina. Este Gobierno ha alentado demagógicamente el crecimiento de ese monstruo y ahora su obligación es hacerle frente.

Entre la justicia y Moyano, yo siempre estaré del lado de la justicia. Quiero saber de qué lado está la señora Kirchner y su gobierno.

Tenemos la obligación de impedir que nadie adquiera la impunidad ante la ley mediante chantajes políticos, sociales o de otro tipo.

Tenemos que defender los principios sobre los que descansa una democracia que merezca tal nombre: la igualdad de todos ante la ley, la independencia de la justicia, las urnas como única fuente legítima de poder y la libertad de expresión.

Tenemos que defender también la imagen y el prestigio de la democracia argentina ante el mundo, que ve con preocupación la reiteración de esta clase de episodios.

Y tenemos que defender los auténticos derechos de los trabajadores frente a los privilegios y la sed de poder personal de algunos dirigentes sindicales.

Por eso pido a los trabajadores y a los ciudadanos en general que no respalden esta convocatoria indigna y sigan creyendo en la justicia, en la democracia y en la libertad para todos.

Ernesto Sanz es senador nacional de la UCR y precandidato presidencial