Tal como anticipara Parlamentario las elecciones para elegir comuneros se realizarán el 5 de junio. No podrá ser candidato un vecino independiente. Asumirán su cargo el 10 de diciembre de este año.
Ante el fracaso de las negociaciones para unificar el calendario electoral porteño, las elecciones para elegir autoridades comunales se llevarán cabo el próximo 5 de junio. Los grandes ausentes serán los ciudadanos independientes que, al no contar la Ciudad con una ley de partidos políticos deberán optar por alguna de las 53 organizaciones que sí están reconocidas por las autoridades electorales, es decir no habrá oportunidad de elegir un partido comunal. Los electos asumirán su cargo el 10 de diciembre de este año. La transición habrá durado entonces seis largos y extenuantes años desde la sanción de la Ley Orgánica de Comunas y quince penosos años desde la vigencia de la Constitución de la Ciudad que les dio origen.
La convocatoria
El Tribunal Superior de Justicia intimó al jefe de Gobierno Mauricio Macri que de inicio al proceso electoral de comunas, cuyos comicios deben realizarse el 5 de junio, como lo establece la Ley 3.233 sancionada por la Legislatura en octubre de 2009.
El dictamen del Tribunal Superior de Justicia se emitió el pasado 4 de marzo y en él exhorta al “Gobierno de la Ciudad que instrumente la exhibición de las listas provisionales de electores nacionales y extranjeros -y que realice la publicidad adecuada a esos fines- a través de su página web y de los Centros de Gestión y Participación”.
La exposición de los padrones electorales -según establece la normativa actual- debe producirse 60 días antes de la realización de los comicios. Ello implicó, entonces, que la Justicia reclamara a Mauricio Macri que ponga en marcha los mecanismos para que los comicios de comunas tengan lugar el domingo 5 de junio.
Junto al reclamo por los padrones de electores, el Tribunal solicitó al mandatario “la habilitación de una cuenta corriente a la orden del Tribunal en el Banco de la Ciudad, en la que se depositarán únicamente los fondos aplicables al proceso electoral”.
Controversias
Ante la ausencia de un régimen electoral propio de la Ciudad, a 15 años de haberse establecido la autonomía, resultará de aplicación para la organización de los comicios el Régimen Electoral Nacional instituido por la Ley N° 19.945 y sus modificatorias, en todo lo que concierna a la contienda electoral.
Al respecto, cabe tener presente que el Código Nacional Electoral, de aplicación supletoria hasta tanto la Ciudad no cuente con su propio cuerpo normativo en la materia, no prevé la participación de partidos comunales y ello incidirá en la participación de los vecinos ya que una importante franja de la comunidad no ven reflejadas sus aspiraciones en lo que plantean como alternativa las organizaciones partidarias.
Cabe destacar que, a partir del exhorto del Tribunal de Justicia , el titular del Ejecutivo no sólo tendría que haber convocado al electorado para la fecha indicada por la Ley 3.233, sino que la convocatoria debería haberse materializado como máximo el día 7 de marzo de 2011, fecha en que se agotó el plazo mínimo de anticipación con que debía cumplirse el deber, en función de las prescripciones del Código Electoral Nacional. Desde el oficialismo aducen que el decreto reglamentario de la norma 3.233 sirve de elemento convocante para que los comicios se realicen en la fecha que fija la misma.
La intervención de la Justicia fue producto de la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición para modificar el calendario electoral porteño propósito que fuera planteado por el partido gobernante, pero que no pudo avanzar ante la negativa intransigente del arco opositor.
Debe recordarse que al momento de votarse el articulado, se aprobó la propuesta del despacho de mayoría que establecía que el jefe de Gobierno convocaría a elecciones de autoridades comunales en los términos del artículo 20 de la Ley 1.777 para el día 5 de junio de 2011, a los efectos de elegir los siete miembros de la Junta Comunal de las 15 Comunas.
Las autoridades de la Ciudad remarcaron que quienes sean ungidos como miembros de las Juntas Vecinales asumirán el 10 de diciembre de 2011, aunque el oficialismo buscaría establecer que de las siete autoridades que conformarán estos órganos comunales, sólo una sea rentada aunque la Ley de Comunas establece una remuneración para todos sus integrantes: el sueldo equivaldrá al 60 por ciento de la remuneración bruta que percibe un legislador de la Ciudad y el presidente de la Junta tendrá un plus del 10 por ciento en concepto de responsabilidad jerárquica.
Sin embargo y aún cuando las contradicciones entre oficialismo y la oposición fueron más profundas, ninguno de los sectores en pugna objetó la falta de representación de quienes no estuvieran afiliados a un partido político, es decir, mientras la Legislatura no sancione una ley de partidos políticos, los ciudadanos que no sientan identificación política con ninguna de las fuerzas tradicionales no tendrán opción que los represente y menos aún de postularse para formar parte de las Juntas Comunales.
Partidos comunales
La necesidad de que existan partidos comunales sólo se podrá concretar si existe una ley electoral de partidos políticos para la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una deuda de la Legislatura.
Se deberá tener en cuenta que el espíritu a los constituyentes de 1996 y que dio marco jurídico al origen de las comunas, definía a estas entidades como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. La creación constitucional de las Comunas es una de las creaciones más innovadoras que introdujo el constituyente de la Ciudad, dentro de su organización institucional, con el claro objeto de descentralizar política y administrativamente la gestión de gobierno y lograr una mayor eficacia en la ejecución de las funciones estatales.
Sin embargo este intento descentralizador que se podría llamar avance, en realidad solo puede llegar a crear más puestos burocráticos por los cuales pelearse, al no existir una descentralización política que permita realmente un acercamiento del vecino a las distintas instancias de Gobierno de la Ciudad. Porque no es lo mismo que el Gobierno y los partidos políticos tradicionales se acerquen de manera paternalista a la ciudadanía a que la ciudadanía se acerque de manera organizada al Gobierno y al poder.
Acercamiento que sólo es posible mediante la organización política de la población, no sólo a través de partidos con reconocimiento provincial, sino también comunal, que permita a la población crear sus propias organizaciones, dirigida por ellos mismos, basados en intereses de desarrollo propios, su comuna y sus barrios, para marchar desde esos parámetros hacia una nueva organización política ciudadana. Para esto se necesita una descentralización política del Estado, un código electoral porteño y una ley de partidos políticos cuya sanción está postergada desde que Buenos Aires es autónoma.
Es lamentable -según se vislumbra – que los partidos políticos tradicionales al no aceptar la inclusión de partidos vecinales continúan cobijándose en la vieja partidocracia.
Ello conducirá a votar a desconocidos, con domicilio en Caballito, que representan el discurso de los partidos tradicionales. No se votarán ideas y proyectos de aquellos que conocen el barrio como vecinos. Será una lamentable oportunidad perdida para elegir a quienes los vecinos conozcan por su trabajo en los barrios.
Los candidatos posibles “trabajarán” el barrio solamente durante la campaña.
Eso le daría ventaja al candidato del partido que gobierna la Ciudad, que serán, seguramente, los actuales directores de los CGP‘s. Al menos esa persona ya es conocida y también lo que hizo o no durante su gestión en el ente comunal. Eso sí lo podrá evaluar el vecino.
No cabe duda que los partidos políticos tradicionales, tal como los conocemos se encuentran en una zona gris, con escasa credibilidad. No hay una interacción entre la sociedad y sus representantes. Es una deuda que la dirigencia política aún no pudo saldar.
