El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense decidirá si suspende o no de su cargo al juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, por presunto mal desempeño de sus funciones.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires decidirá si suspende o no de su cargo al juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, por presunto mal desempeño de sus funciones.
El Jury se reunirá a las 15, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y se necesitará seis de los once votos para arribar a una decisión.
Este cuerpo es presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y lo integran los senadores provinciales Fernando López Villa (CC) y Cristina Fioramonti (FpV/PJ), y los diputados bonaerenses José Luis Comparato (GEN), Ramiro Gutiérrez (Unión Celeste y Blanco) y Horacio Delgado (FpV/PJ).
Mientras que los conjueces abogados son Julio César Amat, Raúl Tripicchio, Francisco Berhabe, Carlos Tribiño y Juan Carlos París.
La definición sobre la situación de Sal Lari estaba prevista que se tomara el martes último pero luego de tres horas de análisis se pospuso para esta tarde.
“La responsabilidad del Jury hace que esto se demore debido a la puntillosidad con que se está debatiendo cada uno de los cargos objeto de la reunión”, explicó la semana pasada el secretario del cuerpo, Ulises Giménez.
Las reuniones del Jury fue seguida de cerca por integrantes de la Asociación Madres del Dolor, quienes impulsan su remoción al igual que varios funcionarios. Entre ellos se cuenta al intendente de San Isidro, Melchor Posse. El jefe comunal presentó una de las denuncias en el Tribunal de enjuiciamiento. En las dos reuniones anteriores, Posse se instaló en el despacho del senador Roberto Costa (UCR), vice segundo del Senado y hombre del possismo en la Cámara alta, con despacho muy cerca del jury para seguir de cerca los debates de los conjueces. Después, apuntó contra la presidente de la Corte, Hilda Koghan, a quien atribuyó criterios arbitrarios para resolver los juicios políticos a magistrados”.
Además, el diputado provincial del ConFe Horacio De Simone, que promovió una de las denuncias, afirmó que espera que el jurado “vote en concordancia con el sentimiento de la gente” y sostuvo que “no hubo presiones a nivel político pero sí del judicial”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que el proceso de remoción del magistrado “representa un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia de Buenos Aires” y es un mensaje para “disciplinar a los jueces”.
El jury se inició a partir de 11 acusaciones contra el magistrado, de las cuales cuatro fueron aprobadas por la Comisión Bicameral, y la más conocida es impulsada por la familia del ingeniero Carlos Regis, asesinado en San Isidro en 2008.
Uno de los ladrones que lo mataron había sido excarcelado por el juez meses antes en una causa por portación ilegal de armas.
En caso de que el jurado admita las acusaciones, Sal Lari será separado del cargo en forma provisoria y se le embargará un 40 por ciento de su sueldo hasta que se decida si se lo destituye o no.
