Greenpeace denunció la demora que los senadores nacionales le están dando al tratamiento del proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya lleva más de tres años de debate en el Senado de la Nación sin ningún tipo de avance. El proyecto de ley fue presentado por primera vez en 2008, perdió estado parlamentario por la dilación en su tratamiento y por eso tuvo que ser presentado nuevamente en 2010. Esta iniciativa legislativa responsabiliza legal y financieramente a las empresas de aparatos eléctricos y electrónicos por la gestión de los residuos de sus productos.

Este miércoles, en reunión conjunta de comisiones para obtener dictamen del proyecto de ley, los senadores no obtuvieron quórum y objetaron la firma del dictamen al plantear una lista de observaciones que en su mayoría ya habían sido incorporadas en el proyecto previamente. De este modo, la reunión fue pospuesta para inicios del mes de mayo.

“Desde hace más de tres años senadores, empresas, organismos de gobierno, ONG, recicladores y técnicos, trabajamos en el proyecto de ley que este miércoles debería haber obtenido dictamen. Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Ambiente, con una clara intención de demorar el proyecto se presentaron nuevos cambios y objeciones que ya habían sido aclaradas o incorporadas con anterioridad”, explicó Yanina Rullo, de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina. “Las empresas ya han logrado así tres años de demora y no dudamos que existan intereses para que Argentina no legisle en la materia”, agregó.

El proyecto de ley de Basura Electrónica fue presentado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado inicialmente en el año 2008 por el senador nacional Daniel Filmus, quien debió volver a presentarla en abril del 2010 por perder estado parlamentario. El texto de la ley plantea la Responsabilidad Extendida del Productor, principio a través del cual las empresas importadoras, productoras o ensambladoras de productos eléctricos y electrónicos se hacen cargo legal y financieramente de la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. Al mismo tiempo establece los lineamientos para la creación de una infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado de este tipo de residuos a través de la creación de un ente mixto público no estatal responsable del sistema.

“Los senadores no se dan cuenta que mientras ellos demoran el avance de este proyecto de ley, los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos siguen sin asumir su responsabilidad como lo hacen en los países donde tienen sus casas matrices. De esta manera, los senadores están permitiendo a estas empresas trabajar con un “doble estándar”, señaló Rullo. “Las empresas seguirán transfiriendo los costos de la gestión de su basura -injusta e irresponsablemente- a los municipios, es decir, a la sociedad”, agregó.

Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sustancias tóxicas aportan a los rellenos o basurales donde son enterrados. En Argentina, se estima que cada habitante genera al menos 3 kilogramos de basura electrónica por año. Durante este año se espera un descarte mayor al millón de computadoras y 10 millones de teléfonos celulares. Hoy el 40 por ciento de estos residuos terminan en rellenos o basurales, el 50 por ciento sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y solo el 10 por ciento llega a ser recuperado o reciclado[1]. En este contexto y por estas razones, la sanción de una Ley que resuelva esta problemática es de carácter urgente.

“Esta nueva paralización del proyecto agrava la situación y los senadores son los culpables por no avanzar en su tratamiento. Las empresas continuarán sin hacerse responsables de la contaminación que generan sus productos, como las pilas y baterías, transfiriendo de manera descarada esa carga a la sociedad”, concluyó Rullo.