La Cámara baja abordó tras la aprobación de la regulación de Prepagas el proyecto que reclama el Poder Ejecutivo para que se convierta en ley antes de junio.
Casi a las 19.30, inmediatamente después de que se aprobara la ley de medicina prepaga, la Cámara baja se abocó al tratamiento del proyecto de ley contra el lavado de dinero. Tras dos horas y media de debate, a las 22.10, se aprobó el dictamen de mayoría por 181 votos a favor, siete abstenciones y ningún voto en contra.
A instancias del oficialismo, que justamente había pedido esta sesión especial para tratar este tema y el aprobado previamente, los legisladores se abocaron al tratamiento de los tres dictámenes elaborados por las comisiones respectivas. El proyecto actualiza el tipo penal al condenar ese delito y el de financiamiento del terrorismo.
Al defender su aprobación, el titular de la bancada oficialista, Agustín Rossi, calificó al proyecto como “una herramienta para ser más eficientes en el combate de un delito que todos reconocen como complejo y transnacional”.
Asimismo sostuvo que la iniciativa servirá para darle “mayor visibilidad a lo que es el trabajo de la UIF (Unidad de Información Financiera)” y destacó “la predisposición de nuestros funcionarios de venir a hablar a la Cámara”.
Agustín Rossi replicó a las críticas de otros diputados señalando que “no estamos en el GAFI porque nos guste, estamos porque es necesario, porque hace falta la coordinación. Si no estamos nos critican porque no estamos y si lo integramos nos cuestionan porque sí estamos”. Más adelante, el legislador destacó “la importancia de haberle dado el carácter de delito autónomo” al lavado de activos y reivindicó “la actuación de todos los bloques para encontrar el nivel de consenso en torno a este proyecto”.
Hacia el cierre del debate, las críticas provenientes de los diputados Horacio Piemonte y el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, amenazaron con un desmadre, ante las fuertes críticas al Gobierno en materia de corrupción, pero el titular del bloque oficialista, a su turno, buscó evitar entrar en polémicas que pudieran opacar el cierre del debate, aclarando que “somos un gobierno honesto, un gobierno que practica la honestidad”.
Previamente, en un largo discurso el kirchnerista Oscar Albrieu había resaltado “el importantísimo monto de multas impuestas por incumplimiento de las normas del GAFI”, y enfatizó que “se ha hecho mucho en nuestro país para combatir esta forma de criminalidad organizada, pero falta mucho para hacer y con esta ley daremos un paso importante en ese sentido”.‹
A su turno, el titular de la Comisión de Finanzas de Diputados, el cívico Alfonso Prat Gay, admitió que el proyecto consensuado buscaba “mejorar la tipificación y mejorar la herramienta legal para combatir el lavado de dinero”, pero aclaró que “la aceleración de los últimos tiempos tuvo más que ver con las eventuales sanciones del GAFI” y recordó que en 2008 el Parlamento “autorizó un blanqueo de capitales muy generoso del extranjero”.
Mucho más temprano, el titular de la Comisión de Justicia, Juan Pedro Tunessi, expresó el apoyo radical hacia el proyecto señalando que su partido “ha trabajado mucho en este Congreso para modificar la ley” y que lo ha hecho “más allá de cualquier especulación de coyuntura”, aunque inmediatamente aclaró que “esto no es suficiente”.
Desde Proyecto Sur, Liliana Parada rechazó el proyecto en nombre de su bancada, pero aclaró que se iban a abstener y calificó la sanción como una muestra de “colonialismo legislativo”, al indicar que el GAFI representa intereses de las economías desarrolladas.
El macrismo, en tanto, a través de su titular Federico Pinedo señaló que”estamos tratando de atacar el crimen más grande de todos los que hay, porque consiste en blanquear el dinero que producen todos los demás crímenes juntos”.
El lavado de dinero, dijo, “es un delito internacional. El dinero pasa de país a país. No quiere decir someterse al imperialismo, sino tener un mínimo de sentido común. Es imposible atacar un delito internacional si no hay acuerdo con otros países”.
La norma aprobada contempla entre otras cuestiones que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando de esta manera la restricción que existe en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado. Asimismo amplía las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.
El proyecto establece que la UIF tenga en sus manos el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráfico y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil.
El tratamiento del proyecto fue solicitado en la apertura de las sesiones ordinarias por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, debido a que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) reclama que Argentina tenga una norma en tal sentido antes de junio próximo.
