En diferentes oportunidades la Presidenta anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para limitar la extranjerización de tierras. La primera fue en la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento el 1 de marzo de 2011; la segunda, en la presentación de la Corriente Agropecuaria Nacional y Popular (CANPO), en el Luna Park. La tercera fue la vencida: a seis meses del fallecimiento de Néstor Kirchner la jefa de Estado usó la cadena nacional para anunciar formalmente desde la Casa Rosada el envío del proyecto. En esta oportunidad, Cristina Kirchner remarcó que el propósito de la iniciativa es “cuidar la jurisdicción de la tierra para que siga siendo de la República Argentina”.

De esta manera, pese a existir varios trámites legislativos, el Poder Ejecutivo decidió presentar una norma propia con el título “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. El proyecto destaca que el espíritu y la letra de la iniciativa “no sólo apuntan a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país”.

En líneas generales, la iniciativa propone limitar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, poniéndole un límite de mil hectáreas para un mismo titular. Según el proyecto, estas se calculan considerando “parámetros complementarios” tales como la localización de las tierras, la capacidad y calidad para su uso y explotación, y la situación de otras tenencias de tierras rurales del adquiriente. Asimismo se establece un límite del 20 por ciento para “toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional” respecto de las personas y empresas extranjeras, y se fija que no podrá haber más de un 30 por ciento distribuido en titulares de una misma nacionalidad. En este sentido, se pretende que la norma no sea retroactiva, por lo que no se obligaría a la desinversión.

Por otro lado, se crea el registro Nacional de Tierras Rurales, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como también el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que será la autoridad de aplicación de la ley, el cual estará presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio Agricultura, Defensa, Interior, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En paralelo, se prevé la realización de un relevamiento catastral para determinar la propiedad de las tierras rurales existentes, dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley y tomando como fecha de configuración del relevamiento, la situación existente al 1 de enero de 2010. “Hay un profundo déficit de información sobre cuál es el estado dominial de las tierras rurales, ya que los registros de propiedad son de carácter provincial”, había remarcado Cristina Kirchner al respecto.

En este marco, la Presidenta se encargó de dejar en claro que la ley “no afectará los derechos ya adquiridos, porque eso sería cambiar las reglas de juego y perjudicar a los que adquirieron tierras con anterioridad”, y agregó que Argentina quiere ser “un país normal y serio que defiende, cuida y protege su patrimonio nacional”. Además, explicó que se busca “conservar en el dominio nacional, no estatal” de las tierras rurales y que “en ningún modo resulta un legislación xenófoba, prohibitiva, o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado”.

Según indicó Cristina Kirchner, “no se inventará nada nuevo”, sino que se tomará como referente el modelo brasileño, cuyo ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva puso límites a la compra de tierras y sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas donde se concentra mas del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Cabe mencionar en este sentido que el presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, también instó al Parlamento de su país a sancionar una ley sobre la cuestión, y el jefe de Estado paraguayo, Fernando Lugo, dispuso en 2008 que ningún extranjero pueda comprar tierras para la agricultura en el país.

Paradójicamente, el proyecto de ley -una “demanda acariciada por sectores de la vida nacional”, según describió la primera mandataria- fue presentado mientras sobre la Avenida 9 de Julio, a pocas cuadras de la Casa Rosada, un grupo de aborígenes de la comunidad Qom “La Primavera” cumplían mas de 42 horas de protesta en demanda de la restitución de las tierras de las que fueron desalojados.

Repercusiones políticas

Legisladores de distinta extracción destacaron la importancia de discutir una norma sobre la extranjerización de la tierra y respaldaron en general la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, pues son numerosos los proyectos legislativos presentados sobre el tema. Tal es el caso de la diputada por Santa Fe Verónica Benas (SI por la Unidad Popular), quien viene promoviendo una norma propia y remarcó que “celebra” que se impulse el debate sobre el tema, pero considera que “de haber voluntad política nuestro país ya tendría ley hace rato”.

“La pérdida de tiempo se traduce en pérdida de recursos naturales y patrimonio nacional”, destacó. En tanto, desde el Partido Socialista, Movimiento Proyecto Sur y la Unión Cívica Radical, expresaron su voluntad de tratar el proyecto.

Pero algunos legisladores tomaron resguardo de la iniciativa promovida por el Ejecutivo y resaltaron algunas cuestiones. El diputado por Proyecto Sur Jorge Cardelli sostuvo que “la propuesta no ataca el problema fundamental: la concentración”, y en tal sentido su compañero Claudio Lozano consideró que “se deberían incluir también limitaciones a la concentración de tierras por parte de grupos empresarios locales, que en muchos casos están transnacionalizados”. Por su parte, Eduardo Macaluse (SI) consideró que “sería bueno que también le pongan límites a los que le rapiñan las tierras a los pueblos originarios”, y Christian Gribaudo (PRO) enfatizó en que “se deberá despejar todo fantasma de nacionalización que espante las inversiones en nuestro país”.

Desde otro lugar, el titular del bloque de diputados socialistas, Lisandro Viale, declaró que “más allá de la indudable importancia que tiene este tema, creemos que previamente deberíamos tener un registro único de catastro, es decir el inventario de tierras hoy en la Argentina”. Pues en efecto, la extensión real de tierras rurales en manos de extranjeros es objeto de dudas e imprecisiones. Por ejemplo, desde la Federación Agraria afirman que existen en el país 17 millones de hectáreas en manos extranjeras sobre un total de 170 millones, mientras que para el Ministerio de Agricultura serían 7 millones sobre un total de 300 millones en las que se incluirían áreas para agricultura, ganadería y bosques. Por eso, como remarcamos, la normativa impulsada por el Ejecutivo fija la necesidad de realizar un censo catastral para conocer la radiografía de la extranjerización, lo que es eje de cuestionamientos. En tal sentido, Viale presentó un proyecto para la creación de un “Régimen de Catastro” con el propósito de que el registro de la situación de las tierras rurales sea realizado antes de la aplicación de una posible ley que limite la tenencia de propiedades por parte de extranjeros, que ya cuenta con el visto bueno del presidente de la Comisión de Agricultura, Juan Francisco Casañas (UCR).

Por fuera del Congreso, en tanto, la iniciativa fue respaldada por el secretario general (paralelo) de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, y por la Federación Agraria Argentina, quien presentó un proyecto propio por medio del diputado Pablo Orsolini (UCR). En tal sentido, el titular de dicha entidad, Eduardo Buzzi, remarcó que “la regulación de la tenencia de la tierra es un reclamo histórico de la Federación” aunque agregó que habría que complementar el proyecto oficial “con más instrumentos” puesto que “la situación no se puede revertir con una ley por si sola”. Al igual que otras fuerzas, la entidad cuestiona el 20 por ciento como límite para toda titularidad de tierras rurales dentro del territorio nacional por parte de extranjeros. “No aclara el proyecto, la distribución jurisdiccional de ese límite, por lo que podría configurarse una situación en la cual el 80 por ciento de una provincia quede en manos de extranjeros, lo cual no implicaría que en todo el territorio nacional, el máximo de 20 por ciento fuere alcanzado”, criticó Federación Agraria mediante un comunicado.

Proyectos alternativos

Como dijimos, el proyecto presentado por el Ejecutivo no es una novedad, dado que son varias las iniciativas impulsadas desde el Congreso de la Nación que no han logrado trascender y convertirse en ley. Ya en 2010 la Comisión de Legislación General de la Cámara baja puso en discusión trabajos impulsados por diferentes bloques como Proyector Sur, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, y la Unión Cívica Radical. Hasta el mismo Frente para la Victoria presentó en 2007 ante el Senado un proyecto de ley para limitar “a toda persona física o jurídica extranjera a adquirir el dominio sobre más del dos por ciento de la superficie total de una provincia, y del 10 por ciento de una comuna en el territorio argentina”, que lleva la firma de la actual senadora Liliana Fellner y de los entonces senadores oficialistas Celso Jaque y Silvia Giusti. Otro tanto hizo la diputada oficialista de origen tehuelche Rosa Chiquichano en 2010 con un “Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar ‘el fenómeno de extranjerización de las tierras’ y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza y los beneficios de la libertad”; y la diputada Diana Conti en sucesivas oportunidades (2006, 2008 y 2010).

Desde la oposición en Diputados, la santafesina Verónica Benas promovió en 2009 un proyecto de “Restricciones a la adquisición de derechos reales por extranjeros”. La iniciativa, que fue acompañada por los legisladores Nélida Belous (Social Patagónico), Mónica Fein (Partido Socialista) y el ex diputado Leonardo Gorbacz, establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de ‘zonas de seguridad’”, fija en un 10 por ciento la titularidad de tierras por parte de extranjeros y propone la creación de registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.

Por su parte, la Unión Cívica Radical promovió en 2010 dos normas, una presentada por diputado Rodolfo Fernández cuyo título es “Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/o jurídicas extranjeras” acompañada de una “Creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos”; y otra impulsada por Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria, que indica que las personas físicas o jurídicas extranjeras “sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinadas por la autoridad de aplicación”.

En tanto, desde la Coalición Cívica, las diputadas Elisa Carrió, Susana García y Griselda Baldata impulsaron el año pasado una normativa de “Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales”.
¿Que sucedió con estos proyectos? Fueron presentados en septiembre pasado ante la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, cuya presidenta es la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) pero, según informaron fuentes cercanas a Parlamentario, disputas surgidas en la posterior reunión de asesores hicieron fracasar y paralizar el trámite de la comisión.

Finalmente, en marzo de 2011, luego del aviso presidencial, la Coalición Cívica, por un lado, y Verónica Benas, por otro, volvieron a promover sus iniciativas, al igual que Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro Popular) quien presentó un “Régimen de límites del acto de compra de tierras por parte de personas extranjeras”.

El tratamiento legislativo

Todo parece indicar que, contando ahora con el impulso del Ejecutivo, el Congreso finalmente va a sancionar una ley este año. Como es uso y costumbre para el kirchnerismo, el proyecto que será discutido será el del Poder Ejecutivo, y las diversas iniciativas existentes sobre el tema servirán en el mejor de los casos para consensuar diversos artículos.

El tratamiento en comisión ya tiene fecha: arrancará el 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Agricultura. Es obvio que las autoras de las otras iniciativas del Frente para la Victoria subordinarán sus trabajos al proyecto oficial. Finalmente, ¿defenderá el oficialismo el proyecto tal cual envió el Ejecutivo? ¿O, según sostuvo Cristina Kirchner, se aceptarán modificaciones? Todo parece indicar que dadas las objeciones planteadas por la oposición hay ejes en los que costará mayor esfuerzo para alcanzar consenso.