El diputado nacional Gustavo Ferrari manifestó que “para combatir la trata de personas es necesaria una ley integral que aborde todos los vacíos legales y no un anuncio de corte electoral”, luego de que la presidenta anunciara ayer el decreto 936 por el cual se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio.

“Es una medida que atiende parcialmente la problemática y que lamentablemente dilata el tratamiento de una ley -con dictamen desde el año 2010- por la que venimos bregando para que el oficialismo la incorpore en el temario para ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados y lograr verdaderamente un avance integral en la lucha contra la trata y no un mero parche al problema”, agregó el legislador nacional en declaraciones radiales.

Ferrari es autor de uno de los proyectos de ley de trata de personas, que obtuvo junto con otros, dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y Familia, Niñez y Adolescencia en octubre de 2010 y que continúa a la espera de que el oficialismo permita tratarlo en el recinto.

El legislador en su proyecto introduce –entre otras reformas- la exclusión del consentimiento de la víctima mayor de edad como eximente, para la configuración del delito y agravar las penas en la figura básica, llevándola a la escala penal de 4 a 10 años.

“La prohibición de los avisos sexuales forma parte de la ley que proponemos, lo que evidencia aún más el estilo del Gobierno de atribuirse los méritos de un anuncio parcial mientras continúa con la falta de decisión en ponerle fin a la trata de personas en la Argentina, mediante una ley integral”, advirtió el legislador miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales y agregó que “resolver el tema del rubro 59 no excluye la posibilidad de reformas imprescindibles que eviten el ingreso de mujeres provenientes de República Dominicana, Paraguay y Perú a la Argentina sin ningún tipo de control precisamente por la falta de radarización en las fronteras”.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que “el decreto de la presidenta que prohíbe los avisos que promuevan la oferta o el comercio sexual constituye una nueva afrenta al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo y una nueva maniobra destinada a intentar apropiarse apresuradamente de eventuales beneficios políticos en tiempos electorales”.

Además, Gil Lavedra señaló que “nuestra Constitución exige que este tipo de restricciones sean adoptadas por ley, y existen distintas iniciativas en el Congreso para regular y supervisar este tipo de anuncios”.

“Desde el año pasado –continuó-, la Cámara de Diputados se encuentra en condiciones de discutir en el recinto una reforma integral a la Ley de Trata de Personas, que pretende subsanar muchas de las graves inconsistencias que contiene la regulación vigente”.

El diputado manifestó que “desde el bloque de la UCR hemos solicitado en distintas oportunidades su tratamiento, a lo que se ha negado sistemáticamente el bloque oficialista, pues se prefiere gobernar al margen de la Constitución”.

“¿Qué necesidad hay de dictar un decreto inconstitucional, cuando las condiciones para dar el debate en el Congreso son propicias?”, se preguntó.

Gil Lavedra agregó que “el Gobierno ha advertido la necesidad de disimular su inacción en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada a lo largo de 8 años. Pero, desafortunadamente, lo está haciendo de la peor manera: recurriendo a medidas efectistas e invadiendo facultades propias del Poder Legislativo”.

“La sola lectura del decreto revela todos los defectos propios de las normas dictadas sin un proceso de deliberación previo y en forma apresurada e inconsulta”, concluyó.