La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Victoria Donda, se refirió a la denuncia presentada ante la Justicia Federal por el sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), para que investigue el rol de Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, durante el terrorismo de Estado.

Cabe destacar que Martínez apareció en la nómina de civiles del Batallón de Inteligencia 601 que coordinó la represión ilegal en todo el país durante la última dictadura.

Por eso, la legisladora apuntó: “justicia que llega tarde, no es justicia. Por eso es imperioso que en el banquillo donde se juzgan a los responsables de los crímenes de lesa humanidad estén no sólo los que ‘apretaron el gatillo’, sino también todos los civiles que actuaron en tareas concretas en los diferentes operativos clandestinos que posibilitaron las muertes y torturas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.

Por otro lado, la diputada de Libres del Sur agregó que “varios de los dirigentes de la CGT son sospechados de haber sido cómplices durante aquella época por haber callado, consentido la persecución y hasta por haber entregado a sus propios compañeros. Esto se debe investigar, ya que el nombre de Martínez está en la lista de personas que las fuerzas armadas le dieron a Garré en febrero de 2010”.

“En un momento se rumoreó que Martínez era el reemplazante que el gobierno tenía en mente para Hugo Moyano, en su aliada histórica la CGT. ¿Será por esto que se lo ha resguardado todo este tiempo?”, se preguntó finalmente Donda.