El presidente del bloque de diputados de la Concertación, Hugo Prieto, presentó un proyecto de ley donde propone que los arzobispos, obispos, obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado sean incluidos entre los funcionarios públicos obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.

El diputado por Neuquén, cercano al kirchnerismo, explicó que “lo que se intenta es que del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también deban presentar sus declaraciones juradas”.

Prieto precisó que salvo el decreto 1216/03, “el resto de las normas de sosteniendo económico de la Iglesia fueron emitidas bajo gobiernos militares” por lo que apuntó que el 90 por ciento de las leyes que estipulan algún tipo de financiamiento a la Iglesia Católica “tienen origen en dictaduras militares, es decir, no son estrictamente leyes”.

“Al mismo tiempo, una mirada más atenta permite dar cuenta que la única norma sancionada en democracia, además de no configurar la norma más importante en la temática, fue dictada por un presidente (Eduardo Duhalde) que, si bien era constitucional, no había sido elegido popularmente”, agregó.

El diputado neuquino indicó que su proyecto de ley “debe entenderse como un avance hacia la igualdad” y manifestó que “en algún momento debiera analizarse si una disposición como el artículo 2 de la Constitución Nacional es compatible con una idea fuerte de igualdad ya que sólo se financia uno de los tantos credos religiosos” que se profesan en el país.