La diputada del Frente para la Victoria Mariel Calchaquí presentó en la Cámara baja un proyecto de declaración de repudio, preocupación y exigencia de pronta justicia para todas las víctimas de los graves acontecimientos producidos en la provincia de Jujuy.

En los fundamentos, Calchaquí señala: “No podemos, desde nuestro rol y desde las instituciones de la democracia, renunciar a la indignación y la acción, cuando vemos hechos tan lamentables y bárbaros que atentan contra la vida de las personas y sobre todo cuando los más vulnerables son las presas de la violencia”.

Para la legisladora, “las muertes en los terrenos de la empresa Ledesma, desatadas por el accionar de la policía merecen el repudio y la reparación de la justicia ante tantos heridos y muertes”.

“La violencia necesita ser desterrada del país proceda de donde proceda, y debe ser evitada desde el Estado desde ámbitos diferentes”, explicó.

Calchaquí pidió con urgencia que “las empresas del campo, los terratenientes y aquellos que utilizan la mano de obra de sectores humildes, se presten a dar las condiciones de vida digna que merecen sus trabajadores: viviendas, servicios públicos, salas de asistencia médica, escuelas, tierras que puedan ser adquiridas por los mismos para sus propias viviendas, etc”.

En esta línea, sostuvo que “el monopolio y dominio de la tierra por grandes empresarios que generan su riqueza a partir de las mejoras sustanciales que ha dado nuestro país en estos últimos casi ocho años no debe restar la posibilidad a sus trabajadores de aspirar a vivir mejor a partir de esas rentas que ellos hacen posible”.

La diputada oficialista fue contundente al señalar en su proyecto que “la Justicia debe actuar y mostrar a los responsables con nombre y apellido” y que “la Argentina de hoy merece el esclarecimiento de todas las causas que pudiendo ser evitadas, cobran la vida de personas, que no importa de donde provengan ni a que etnia pertenecen, el derecho humano y el vivir con dignidad es de todos”.

Sin embargo, sostuvo que “el Gobierno nacional ha dado y da muestra de que el conflicto puede manejarse sin represión”, y que “este Gobierno da muestra que otros gobiernos provinciales deben tomar, bajo el precepto de que la violencia debe ser desterrada”. Aun así, resaltó que “ningún crimen puede quedar impune y ningún responsable fuera del juicio de la ley”.

“Somos responsables de la posibilidad de la planificación que debe dar el Estado para evitar hechos como los acontecidos en Jujuy”, admitió la autora del proyecto.

Por último, Calchaquí concluyó que “la agenda nos deja la responsabilidad de discutir lo que la Presidenta planteara desde la tenencia y uso de las tierras, su reparto en manos nacionales y no extranjeras, las condiciones laborales en el campo y terminar con el trabajo esclavo, discusión que muchos legisladores dejaron para tratar como cuestión de privilegio y no hicieron hasta hoy”.