La senadora del Frente para la Victoria (FpV) Ana María Corradi presentó un proyecto de ley que plantea, en su primer artículo, modificar el artículo 298 (2) del Código Penal, para que sea reprimido “con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.

En el cambio en cuestión se detalla que “se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”, y que “la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho”.

La legisladora santiagueña señala que “el punto clave a reformar tiende a penar más severamente a aquel funcionario que se enriquezca ilícitamente, haciéndole que devuelva el 100 por ciento de aquello apoderado en concepto de multa”, y destaca: “La actual redacción permite hacer una valoración del cuantum de la pena de multa, hecho que va desde el 50 por ciento al 100 por ciento del valor enriquecido, cuando a mi entender, la sanción debe contemplar más seriamente el ilícito”.

Corradi asegura: “Ya que el núcleo de lo injusto típico debe buscarse en la ilicitud del enriquecimiento y ello, necesariamente, persigue un beneficio económico, lo justo sería retrotraer lo apoderado al ámbito desde donde fue sustraído y castigar económicamente al autor, además de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.

Al término de los argumentos del proyecto, la senadora kirchnerista resalta que “la vigencia en una sociedad de índices de alta corrupción, inevitablemente genera desigualdad ante la ley”.