Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión y Tenencia de las Tierras Rurales.

CAPÍTULO I

Ámbito territorial y personal de aplicación de la ley

Artículo 1° – La presente ley rige en todo el territorio de la Nación
Argentina, con carácter de orden público.

Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las
autoridades del gobierno federal, provincial y municipal, y se aplicará a todas
las personas físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean
tierras rurales, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales,
turísticas u otros usos.

A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo
predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización
o destino.

CAPÍTULO II

Objeto

Art. 2° – Configura el objeto de la presente ley:

a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de
posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras
rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o
posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente
ley;

b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los
límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea
su destino de uso o producción.

CAPÍTULO III

De los límites al dominio extranjero
sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales

Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entenderá como titularidad
extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda
adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la
forma, denominación que le impongan las partes, y extensión temporal de los
mismos, a favor de:

a) Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su
domicilio real en territorio de la Nación Argentina, con las
excepciones establecidas en el artículo 4° de la presente ley;

b) Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 del
Código Civil, constituidas conforme las leyes societarias de la
Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en
proporción superior al cincuenta y uno por ciento (51%), o en
proporción necesaria para formar voluntad social mayoritaria
independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad de
personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las
condiciones descriptas en el inciso precedente. Toda modificación
del paquete accionario, por instrumento público o privado, deberá
ser comunicada por la persona jurídica al Registro Nacional de
Tierras Rurales, dentro del plazo de treinta (30) días de producido
el acto, a efectos del contralor del cumplimiento de las
disposiciones de la ley. Asimismo quedan incluidas en este
precepto:

1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social,
que se encuentren en posición de controladas por
cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de
conformidad con las definiciones que se establecen en
esta ley, en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento
(25%), o tengan los votos necesarios para formar
voluntad social mayoritaria independientemente del
porcentaje accionario.

2. Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin
acreditar formalmente calidad de socios actúan en una
sociedad como si lo fueren.

3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones
negociables o debentures y ello permita a su legítimo
tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o
convertirlas en acciones en un porcentaje superior al
veinticinco por ciento (25%), o que se les permita formar
voluntad social mayoritaria independientemente del
porcentaje accionario, y se trate de personas físicas o
jurídicas extranjeras, de conformidad con las definiciones
que se establecen en esta ley.

4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las
formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un
contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean
personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje
mayor al autorizado en el inciso anterior.

5. Las sociedades de participación accidental, las
agrupaciones de colaboración y las uniones transitorias
de empresas, según la regulación de la Ley de
Sociedades, y toda otra forma de colaboración
empresarial de carácter accidental y provisorio que se
regule en el futuro, cuando en ellas participen personas
físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al
autorizado en esta ley;

c) Personas jurídicas de derecho público de nacionalidad extranjera;

d) Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del Código
Civil o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su
capital social, a las previstas en el inciso b) de este artículo.

Art. 4° – Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente ley, las
siguientes personas físicas de nacionalidad extranjera:

a) Aquellas que cuenten con diez (10) años de residencia continua,
permanente y comprobada en el país;

b) Los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia
permanente, continua y comprobada en el país de cinco (5) años;

c) Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a
argentino/a con cinco (5) años de anterioridad a la constitución o
transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia
continua, permanente y comprobada en el país por igual término.

Art. 5° – La reglamentación determinará los requisitos que deberán
observar las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el
cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de la
autoridad de aplicación su control y ejecución.

Art. 6° – Queda prohibida toda interposición de personas físicas de
nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a
los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las
previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y
fraudulenta.

Art. 7° – Todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo
establecido en la presente ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin
derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y
partícipes del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se
considerarán partícipes quienes hicieran entrega de las tierras u otorgaren
instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar antijurídico, los
que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las
consecuencias dañosas de estos actos. La autoridad de aplicación está
facultada a examinar los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin
sujetarse al nombre que le impongan las partes otorgantes.

Art. 8° – Se establece en el quince por ciento (15 %) el límite a toda
titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional,
respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo. Dicho
porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio,
o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural.

Art. 9° – En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma
nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30 %) del
porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión
extranjera sobre tierras rurales.

Art. 10.- Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no
podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o
superficie equivalente, según la ubicación territorial. Esa superficie
equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras
Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los
siguientes parámetros:

a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del
municipio, departamento y provincia que integren;

b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y
explotación.

La autoridad de aplicación, a los efectos del otorgamiento del
certificado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que
posea o sea titular la persona adquirente.

Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes
inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el artículo 3° de
la presente ley:

1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de
envergadura y permanentes.

2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las
excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley
15.385/44 modificado por la ley 23.554.

Art. 11.- A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales
de Inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren
vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como
inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no
renovable que aporta el país receptor.

Art. 12.- Los propietarios o poseedores de tierras rurales, personas
físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, deberán dentro del
plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de entrada en
vigencia de la reglamentación de la presente ley, proceder a la denuncia ante
el Registro Nacional de Tierras Rurales, previsto por el artículo 14, de la
existencia de dicha titularidad o posesión.

Art. 13.- Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de
seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el
consentimiento previo del Ministerio del Interior.

CAPÍTULO IV

Del Registro Nacional de Tierras Rurales

Art. 14.- Créase el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que será la autoridad de
aplicación con las siguientes funciones específicas:

a) Llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de
titularidad o posesión extranjera en los términos de la presente ley;

b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en
registración, catastro y registro de personas jurídicas, la
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

c) Expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se
transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales
en los supuestos comprendidos por esta ley. Los certificados de
habilitación serán regulados por la reglamentación de la presente
ley y serán tramitados por el escribano público o autoridad judicial
interviniente;

d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con
legitimación activa para impedir en sede administrativa, o reclamar
la nulidad en sede judicial, de los actos prohibidos por esta ley.

Art. 15.- Se dispone la realización de un relevamiento catastral,
dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y la
posesión de las tierras rurales, conforme las disposiciones de la presente ley, el
que se realizará dentro del término de ciento ochenta (180) días de la creación
y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales.

CAPÍTULO V

Del Consejo Interministerial de Tierras Rurales

Art. 16.- Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que
será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con
los representantes de las provincias, el que tendrá las siguientes funciones:

a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley;

b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales;

c) Recabar la colaboración de organismos de la administración
centralizada y descentralizada del Estado nacional y las provincias;

d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a
que hace referencia el artículo 10 de la presente ley, sobre la base
de los instrumentos técnicos elaborados por los organismos
oficiales competentes.

Art. 17.- La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus
disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.

Art. 18.- Cláusula transitoria: toda adquisición, transferencia, cesión
de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación y extensión
temporal que le impongan las partes, a favor de personas físicas o jurídicas
extranjeras en los términos del artículo 3º, que se realice en el período
comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación por el
Poder Ejecutivo nacional, queda alcanzada por las disposiciones de la presente
ley y sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 7º.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.