La presidenta les dijo días atrás a las petroleras que no podíamos “volver a las épocas del Virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata y no dejaban nada”. En el día de ayer los gobernadores de las provincias productoras de petróleo -todos aliados del gobierno nacional- sacaron una declaración en el mismo sentido, donde expresaban que sus distritos “se han visto fuertemente afectados por la caída manifiesta de producción e inversión insuficiente de las empresas del sector, impactando directa e indirectamente en la generación de riqueza y el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunidades”.

Bueno es decir al respecto, que tanto la presidenta como dichos gobernadores nunca cuestionaron la Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que se aprobó durante la década del noventa. Es mas, Cristina Kirchner como diputada provincial de Santa Cruz, requirió a través de una declaración que aquella “Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del distrito que posibiliten el tratamiento” de dicho proyecto de Ley de la Nación.

No solo hicieron eso, sino que presidenta y gobernadores oficialistas de aquellas provincias estuvieron muy de acuerdo con darle continuidad a la política petrolera del menemismo. A punto tal que en su momento Néstor Kirchner, Mario Das Neves (en ese entonces su aliado) y Daniel Peralta prorrogaron hasta el 2047 la concesión del yacimiento petrolero más importante de la Argentina que vencía recién en el 2017, Cerro Dragón, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 km de Comodoro Rivadavia. Una explotación de la Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y a Bridas de Carlos Bulgheroni.

Conocían también todos ellos -llevan casi 9 años en el gobierno- las consecuencias de dicha política: enormes ganancias para las empresas petroleras que sacan al exterior en lugar de invertir, pérdida acelerada de reservas tanto de petróleo como de gas, creciente déficit comercial externo energético que este año ya excedió los 3.000 millones de dólares, etc. Ahora se rasgan las vestiduras y hablan de soberanía cuando avalaron el saqueo.

Lo que deberían recordar -en serio y no para la galería y cuando les conviene- estos gobernantes, empezando por la presidenta, es que tanto el gas como el petróleo son recursos naturales no renovables, que son propiedad del país y sus ciudadanos, que no están ahí para engordar las arcas de la empresas extranjeras sino para apuntalar el desarrollo nacional, y que son los gobiernos los que tienen la sagrada obligación que todo ello se respete. ¿O acaso no es ese en esencia el legado del General Mosconi?