Este dilema se me planteó antes de entrar a la universidad y lo resolví cambiando la idea que tenía mientras cursaba el secundario de estudiar ingeniería civil, por la de inscribirme en la Facultad de Derecho. Hoy no estoy arrepentido, ya que esos estudios me sirvieron para: ejercer la profesión de abogado; para militar en política y ejercer cargos legislativos; y ser profesor universitario, en la enseñanza de una materia tan política como lo es el derecho constitucional.
Lamentablemente no hay en nuestro país carreras universitarias ni de estudio superiores que formen a políticos, como los hay en otros países. En Francia, por ejemplo, existe la Escuela Nacional de Administración (ENA), creada en 1945 por el presidente Charles de Gaulle, con sede actual en Estrasburgo, donde se forman muchos de los altos funcionarios del gobierno y la administración, a quienes se les llama: énarques. Lo fueron 2 presidentes y 7 primeros ministros, aunque los énarques son raros en el gabinete del actual presidente Nicolás Sarkozy.
En Brasil ocurre algo parecido con la Fundación Getulio Vargas, creada en 1944 por el presidente que le dio su nombre, y que provee, desde entonces, de personal político y administrativo a los distintos gobiernos del país vecino.

En el nuestro muy pocos egresados de las escuelas de ciencias políticas se dedican a la política, entre los cuales está el actual el jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina.

Los que alcanzan, en nuestro país, el título de abogado, que en otros países se les denomina –a lo mejor con mayor precisión- licenciatura en derecho, están habilitados para ser no solamente abogados, sino también jueces, fiscales, defensores públicos, auxiliares de la justicia, asesores letrados y auditores; y sus conocimientos les sirven para ejercer el arte de la política en cargos como los de:constituyente, legislador, concejal, presidente, gobernador, intendente, ministro, secretario de estado, o en funciones partidarias o de asesoramiento.

Desde que recuperamos la democracia en 1983 todos los presidentes elegidos por el pueblo han sido abogados, y tres de los cinco que lo hicieron provisionalmente en la crisis de 2001 a 2003, también lo fueron. Los dos que no eran letrados: el ingeniero Ramón Puerta y el empresario Eduardo Caamaño ejercieron la primera magistratura sólo 3 días cada uno.

En la etapa de 53 años, en el que se alternaron gobiernos civiles con gobiernos de facto (1930-1983), y en la que la mayoría de los presidentes fueron militares, solamente fueron abogados los presidentes Roberto Ortiz, el vicepresidente que lo sucedió por la enfermedad que lo llevó a renunciar antes de fallecer, Ramón Castillo (1938-1943), y Arturo Frondizi y José María Guido, que lo siguió como presidente de facto, luego del golpe de estado que lo derrocó (1958-63). Entre 1854 y1930 de los 16 presidentes que hubo 11 fueron abogados.

Desde que en 1994 se creó el cargo de jefe de gabinete de ministros 7 de los 13 que ejercieron ese cargo eran abogados. En el actual gabinete del Poder Ejecutivo Nacional 5 de los 15 ministros son abogados.

En la composición actual del Congreso de la Nación, según la Dirección de Información Parlamentaria, hay 62 diputados y 27 senadores que son abogados.

En Diputados hay también 21 ingenieros -10 de los cuales de especialidad agrónomos- ; 10 contadores; 9 médicos; 6 economistas; 4 psicólogos; 4 licenciados en ciencia política, una en relaciones internacionales, una en humanidades, una en ciencias de la educación, una en bromatología, uno en Turismo, y otra en servicios sociales; 3 son veterinarios; 3 arquitectos; 2 odontólogos; 2 sociólogos; 2 bioquímicos; una bióloga; un farmacéutico; un master en sistema y servicios; y 25 de declaran docentes, profesores o pedagogos.

En el Senado hay, además, 6 ingenieros; 3 médicos; 3 contadores; 2 periodistas; un licenciado en economía; un arquitecto, una fonoaudióloga; un sociólogo; una bioquímica; un agrimensor; y 6 son profesores o docentes.

La formación y capacitación que hacen los partidos políticos es por demás deficiente y la debilitación de los mismos, ocurrida en los últimos años, ha agravado esta insuficiencia, que no ha podido ser corregida a pesar de los aportes que el Estado les asigna a los partidos con este propósito, mediante el Fondo Partidario Permanente; ni por el “Programa Nacional de Formación de Dirigentes y Fortalecimiento Institucional” del Instituto Nacional de Capacitación Política dependiente del Ministerio del Interior, por su sectaria orientación oficialista; ni por los programas o becas de las fundaciones nacionales o extranjeras (como las alemanas Konrad Adenauer, Friedrich Ebert o Friedrich Nauman) y de otras ONG que entre sus fines tienen la educación política.

Si queremos mejores políticos tendremos que, además de corregir las carencias antes apuntadas, mejorar su educación, y, hasta que tengamos una Escuela como la que hay en Francia o en Brasil -si alguna vez se creara-, habrá que reformar al menos las currícula de las facultades de derecho, que son las que proveen mayor cantidad de personal político. La creación en los últimos años, de cátedras, cursos, seminarios y maestrías, de: ética; de derecho parlamentario, procesal constitucional, electoral y constitucional comparado en algunas facultades ha sido un aporte positivo para la formación de nuestros políticos.

Córdoba, febrero de 2012.

* Es profesor de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.