“Es un avance, pero no es suficiente para frenar los abusos de la empresas de telefonía móvil”, advirtió el senador Rubén Giustiniani, que quiere declarar servicio público a la telefonía móvil y crear un ente de control independiente.
“La portabilidad numérica es un derecho de los usuarios que venía demorado. Hacía 12 años que estaba el decreto. Los usuarios de celulares dejaremos de ser cautivos de las empresas y podremos ejercer nuestro derecho a la portabilidad numérica, pero el ejercicio de este derecho resultará un freno insuficiente a los abusos continuos de las empresas en perjuicio de los consumidores sino se declara servicio público a la telefonía móvil”, señaló el senador nacional y presidente del PS, Rubén Giustiniani.
El legislador socialista es autor de uno de los proyectos que estipula la creación de un marco regulatorio y de un Ente Regulador para la telefonía celular con participación plena de los usuarios, que garantizará tarifas justas y razonables y el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos, dando respuesta a los incesantes reclamos vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas de facturación.
“No tiene explicación lógica que la telefonía fija tenga un marco regulatorio, y la telefonía móvil carezca del mismo. En América Latina el promedio de la tarifa es de 15 dólares, mientras que en la Argentina oscila en los 37 dólares. Nos parece fundamental que esta ley progrese”, expresó Giustiniani, tras adelantar que insistirá en este año legislativo con la aprobación de su proyecto.
“Esperamos ser acompañados por el resto de los bloques políticos para beneficio de todos los usuarios y consumidores”, agregó.
El proyecto para declarar a la telefonía móvil como servicio público obtuvo amplio consenso en las dos audiencias públicas que se realizaron el pasado año en el Congreso Nacional y en la ciudad de Rosario.
