La presidenta del bloque Unión Por Todos, diputada nacional Patricia Bullrich, presentó un proyecto con el objetivo de citar al Congreso de la Nación al titular de la Empresa Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, José Nicanor Villafañe y al titular de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Juan Araya, para que informen sobre las actividades desarrollada por las Empresas que dirigen, teniendo en cuenta las incumbencias de las mismas en el campo del control, la auditoría, la planificación y la inversión en el sistema ferroviario.

Bullrich argumentó su pedido diciendo que “ante el profundo deterioro del sistema ferroviario metropolitano, el Poder Ejecutivo Nacional hizo sancionar en el año 2008, la Ley N° 26.352, por la que se crean estas dos sociedades estatales para la administración y la gestión de los ferrocarriles, funcionando en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Se declaró tener como garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario. Además se estableció como capital accionario para ambas sociedades estatales veinte millones de pesos, pudiéndose elevar hasta el quíntuplo del monto”.

“Sería vital la presencia en el Congreso Nacional, de los titulares de ambas empresas, para que brinden información trascendente acerca de las actividades desarrolladas, ya que la información pública que ofrecen los sitios web es muy escasa, y por lo tanto de poca utilidad pública -continuó declarando la diputada nacional-. Haciendo una evaluación general de los sitios web de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y de la Operadora Ferroviaria, se puede apreciar que están dirigidos más bien a promover eventos culturales, sin ofrecer información relevante, como cuanto dinero, cuantos empleados, que gastos en bienes e insumos han incurrido estas empresas teniendo en cuenta su escasísima tarea y la irrelevancia de la misma. En síntesis, de la información en los respectivos sitios web no se puede acceder a los balances, a las licitaciones y, lo más grave, no permite entender cómo ni en qué se gasta el dinero público destinado a dichas sociedades”, agregó finalmente Bullrich.