El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, tiene varios desafíos para este año. En realidad, se trata de deudas que arrastra de su primera gestión. Algunas fueron directamente desatendidas y otras, tapadas con anuncios rimbombantes que no lograron resolver los problemas de fondo.

En este último grupo se encuentra la política de seguridad, sumergida en la actualidad en una puja entre el sciolismo y su decisión de mantener al ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y las presiones de un sector del kirchnerismo y organismos de derechos humanos para cambiar el rumbo en la materia.

Tras poco más de cuatro años al frente de la provincia, Scioli desoyó los reclamos para avanzar en la reestructuración de la fuerza policial. Una medida fundamental para limpiar una institución acusada de corrupta e inoperante. Esa política debe ser conjugada por una fuerte promoción de la sociedad civil como actor de contralor.

Reflotar el papel de los foros de seguridad puede ser una vía para bajar el índice de delito y disminuir el nivel de connivencia de los agentes con las bandas delictivas.

También es urgente mejorar el nivel de equipamiento y la formación de la policía. Estas medidas permitirán bajar la violencia, que ha recrudecido en el último tiempo y dar una vuelta de tuerca a una política de seguridad que hasta el momento no ha dado ningún resultado. El proyecto de Policía Municipal es positivo, si el gobierno provincial lo abre a la discusión con todos los actores políticos, sociales y económicos de la provincia, lo financia y define sus misiones y funciones. Para avanzar en este camino y suplir otras deudas de la provincia, como educación y salud, es necesario contar con más recursos económicos y por ello, el Gobierno bonaerense debe reclamarle a la Nación los fondos de coparticipación federal que le corresponden a los bonaerenses. Hoy el nivel de distribución es injusto y condena a la provincia al endeudamiento.

Es prioritaria además la restauración del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense que se encuentra congelado desde 1996. La oposición está dispuesta a acompañar en el reclamo.

Poco serio fue escuchar a Scioli reclamarle al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que cumpla con la ley de Basura Cero y reduzca el nivel de residuos que la ciudad deposita en el conurbano. En este aspecto el gobernador no tiene autoridad para exigir nada. Su política ambiental es nula, basta ver los cientos de basurales a cielo abierto que hay en la provincia, para darse cuenta de que no se anima a tocar los intereses económicos que implicaría implementar políticas integrales a mediano y largo plazo en la materia.

Desde el GEN reclamamos señales claras. La provincia debe dejar de ser un apéndice del Gobierno nacional y el terreno de disputa entre diversos sectores del kirchnerismo. Necesitamos un gobierno que tome decisiones firmes para solucionar los problemas que le preocupan a los bonaerenses y permitan el crecimiento de la provincia y sus ciudadanos.

Juan Carlos Juárez es diputado bonaerense del GEN/FAP