El Tribunal Superior de Córdoba en 2011 dictó 1119 sentencias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese mismo año, sólo dictó 173 fallos en los que resolvía recursos en contra de las sentencias de dicho Tribunal Superior, en los que sólo se revisaron 16, de los cuales 14 fueron revocados y 2 confirmados. El resto fueron rechazados: 48 por defectos de redacción (Acordada 4/ 2007), otros 48 por “falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia” (Art. 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial) y 43 por no refutar, en los recursos, los argumentos de las sentencias impugnadas.

Ello nos permite afirmar que:
• Son muy pocas las sentencias del Tribunal Superior que llegan recurridas a la Corte, tribunal que en el año 2010 dictó en total 14.907 sentencias.
• Muchos recursos extraordinarios (Art. 14 de la ley 48) son rechazados por el Tribunal Superior, donde se interponen, luego de una larga espera (algunos pasan los 12 meses), y los que apelan no siempre recurren en queja ante la Corte cuando se los deniegan.
• Los recursos que llegan a la Corte son con frecuencia defectuosos en su redacción o no están bien fundados.
• La gran mayoría de los fallos del Tribunal Superior son revocados, en los pocos casos que la Corte los revisa.

La escasa cantidad de recursos que llegan desde Córdoba a la Corte se explica por: el alto costo que significa para los litigantes del interior tramitar recursos ante el Alto Tribunal ya que se les exige constituir domicilio en Buenos Aires, los escritos de queja deben ser ingresados por Mesa de Entradas en la Capital Federal, acompañando de un depósito de $5000 que debe hacerse en el Banco Ciudad de Buenos Aires, que no tiene sucursales en el interior del país. Esto obliga a contratar a abogados de Buenos Aires para fijar domicilio y hacer estos trámites.

Los abogados matriculados de todo el país están habilitados para patrocinar o representar a sus clientes ante la Corte Suprema, lo que no siempre significa que estén preparados para asumir esta responsabilidad. Esto explica, en parte, el por qué de tantos recursos rechazados por defectuosos.

Para superar las desventajas que tienen los abogados del interior para litigar en la Corte debería permitirse que los recursos se puedan presentar por Internet o por correo, sin necesidad de constituir domicilio, ni tener que hacer un depósito en un banco porteño. Las notificaciones y traslados se podrían hacer también en forma electrónica a los estudios ubicados en provincias. La Acordada 31/11 del 13/12/2011 del Alto Tribunal en la que se reglamentó el domicilio digital es un paso positivo en este sentido.

Nuestra experiencia profesional en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, nos demuestra que las mismas, pueden tramitarse desde nuestro país, sin tener que constituir domicilio, ni tener que contratar abogados en la Capital de los Estados Unidos, ni viajar a esa ciudad para hacer las denuncias, evacuar los traslados, o recibir notificaciones o cualquier tipo de información atinente a dichos trámites. El Internet y el correo son los medios adecuados para hacer estos trámites.

Es ridículo que las normas procesales exijan todavía, en la era informática, para presentar un recurso de queja el plazo de 5 días hábiles, más un día por cada 200 kilómetros, o fracción que no baje de 100, entre la ciudad donde se denegó el recurso extraordinario y la Capital Federal. Esto nos recuerda la época de las carretas. Estas distancias hoy han sido superadas por los medios informáticos, lo que exige una pronta reforma de las normas procesales. La reciente Acordada 31/11 de la Corte que exige constituir domicilio electrónico es un avance.

La Constitución argentina, a diferencia de su modelo norteamericano, unificó la legislación de fondo a través de los códigos que dicta el Congreso y encomendó a la Corte Suprema velar, en los casos judiciales, su aplicación, para lo cual debe armonizar los criterios interpretativos de los tribunales provinciales.

El Tribunal Superior cordobés, en los casos antes indicado, no siempre interpreta la Constitución Nacional y Provincial con los criterios de la Corte Federal, como ocurrió, cuando permite:
• reducir la jubilaciones, contrariando la prohibición de la Constitución Provincial;
• admitir el impuesto a la valija; o
• al no declarar inconstitucional la ley de riesgo de trabajo para indemnizar enfermedades no previstas en su listado o hacer posible la acción civil para resarcir daños superiores a los topes establecidos por dicha ley.

Estas diferencias de criterios han dado lugar a muchos y extensos pleitos, y a que se mantengan vigentes normas provinciales y municipales inconstitucionales.

No comparto las razones de la Corte para declarar inconstitucional el artículo 58 de la Constitución provincial al declarar que “la vivienda única es inembargable”.

La doctrina judicial y de los autores de Córdoba ha sido siempre relevante en el país, pero ello no justifica que judicialmente seamos una “isla” o practiquemos un “cordobesísimo” que nos aparte del orden que impone la Constitución.

Córdoba, marzo de 2012.

* Abogado del Estudio Gentile Saravia y profesor de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba.