El diputado nacional Ulises Forte señaló que “el avenimiento es una figura que no debería existir. Como Estado, tenemos que proteger la integridad física y sexual de las personas, y es por eso que decidimos que no exista la posibilidad del perdón por parte de las víctimas a sus agresores en estos casos de extrema violencia en los que vidas corren peligro. Porque creemos que los delitos de violencia sexual no son una problemática del ámbito privado, sino que son un asunto público que nos afecta a todos”.

“El caso de la piquense Carla Figueroa -continuó-, es un ejemplo de ello. Lamentablemente tuvo que ocurrir una terrible tragedia para que nos ocupemos de este tema, para que revisemos nuestro Código Penal. No debería ser así, esta y otras tantas muertes podrían haberse evitado con un Estado presente que acompañe a las víctimas de la violencia. Por eso nuestra tarea es la de dar las garantías que la sociedad necesita de que esto no vuelva a repetirse. Si por un momento analizamos lo que el avenimiento representa, que existe exclusivamente para los casos de delitos contra la integridad sexual, podemos preguntarnos: ¿Por qué no hay posibilidad de avenimiento para otros delitos, por ejemplo, cuando se atenta contra la propiedad privada? Es aberrante la idea de que sea más importante la propiedad privada que las personas”.

Posteriormente señaló que “el artículo 132 del Código Penal plantea el supuesto de que la víctima propone el avenimiento libremente y en igualdad de condiciones. Esto no tiene sentido. Resulta obvio que en los casos de violencia y agresión sexual hay una fuerte reincidencia por parte de los violentos y agresores. Además, las víctimas, sufren de una terrible denigración, sentimiento de inferioridad, de desprotección y lo que es peor aún de culpa”.

“Algo que no podemos pasar por alto es la clara ausencia del Estado. Es muy importante el rol que tiene que cumplir en lo que respecta a la contención y protección de las víctimas, al acompañamiento a las mismas, la obligación de brindar la ayuda psicológica que como mínimo deberían recibir. Generar una política pública en este sentido tiene que formar parte de la agenda de cualquier gobierno. Por otro lado, en La Pampa, se comenzó con el debido proceso que correspondía en relación a los jueces que fallaron a favor del avenimiento y liberaron al asesino de Carla. Sin embargo, aún no está claro si el Juez Jensen se someterá al jury de enjuiciamiento que si enfrentará el Juez Flores. Se preguntará por qué, señor Presidente. Sucede que el Gobernador de la provincia, en un acto si bien legal, lejano de lo ético, terminó aceptando la sospechosamente oportuna renuncia de Jensen, faltando así a la responsabilidad de garantizar la justicia y el esclarecimiento del caso. Finalmente, sin olvidar el sufrimiento de las víctimas, celebro que hoy estemos dando este paso tan importante y necesario”, concluyó el legislador pampeano.