LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, REUNIDAS EN SESION ESPECIAL CONJUNTA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2012, DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA,

DECLARAN

Que corresponde manifestar un reconocimiento a la labor de aquellos Tribunales que han demostrado y demuestran su compromiso indeclinable con la investigación, el juzgamiento y la sanción a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar.

Que no puede omitirse tampoco el papel fundamental que han desempeñado en esta búsqueda de verdad y justicia los familiares y diferentes Organizaciones de Derechos Humanos, como las heroicas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Que, reafirmando la decisión de todas las fuerzas políticas de asegurar el proceso de verdad y justicia como una política estatal irrenunciable, todas las causas deben completarse en plazos razonables y dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Contribuye a este objetivo la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.

Que esta Asamblea Legislativa, depositaria de la voluntad soberana del pueblo de la Nación, entiende que este reconocimiento expresa el sentimiento de justicia del pueblo y el anhelo colectivo de que nuestros jueces y juezas sean celosos garantes de la Constitución Nacional y de los derechos humanos consagrados en ella.

Que la Argentina ha atravesado diferentes etapas en la búsqueda de la verdad y la justicia y que, durante las mismas, distintas decisiones judiciales contribuyeron a la consolidación democrática, a través de sentencias que manifestaron el repudio moral de la comunidad frente a los crímenes intolerables para una sociedad civilizada.

Que en los comienzos de la recuperación democrática, a partir de 1983, los jueces que integraron la Cámara Federal en lo Criminal de la Capital llevaron adelante, en un contexto político muy difícil, el emblemático Juicio a las Juntas Militares, cuyas conclusiones contundentes sobre la estructura del plan criminal de la dictadura cívico militar y las responsabilidades de sus máximos jerarcas son una cita ineludible de los procesos hoy en curso y hacen parte de nuestro acervo democrático como ejemplo global de las posibilidades de justicia y aporte invalorable a la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este histórico juicio tuvo una importancia fundamental la valentía de los testimonios de las víctimas y sus familiares.

Qué la búsqueda de los nietos y nietas apropiados, los juicios por la verdad, la tutela de los sitios históricos y documentales, la investigación e identificación de los desaparecidos, la revisión de las credenciales democráticas de los funcionarios públicos y tantos otros esfuerzos animados por búsqueda de la verdad y la justicia, han sido posibles por la conducta de muchos jueces y juezas con fuerte compromiso con los valores democráticos.

Que los juicios que se llevan a cabo en el presente, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la declaración de inconstitucionalidad de las mismas y de los Indultos por parte de una renovada Corte Suprema de Justicia de la Nación, consolidan este camino y testimonian la vigencia de los ideales de Memoria, Verdad y Justicia.

Que esta Asamblea aspira a que durante el actual periodo constitucional se concluyan todos los juicios correspondientes a causas referidas a delitos de lesa humanidad y vinculadas a las violaciones masivas de Derechos Humanos.

Que el Honorable Congreso de la Nación destaca que el mundo entero mira con admiración y respeto la lucha de los Organismos de Derechos Humanos y de las Madres, Abuelas, Familiares e Hijos plasmada hoy en políticas públicas, como así también el proceso de verdad y justicia argentino, que ejerce influencia en los países vecinos y constituye un motivo de legítimo orgullo de nuestra democracia.