A continuación, parlamentario.com transcribe el proyecto de declaración que tratará este jueves la Legislatura porteña y con el que busca contrarrestar la ley nacional aprobada por el Congreso de la Nación:

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo de la Nación y al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires:

a) Que cualquier transferencia de competencias, servicios y funciones a la Ciudad deberá realizarse conforme de artículos 75 inciso 2, 129 y cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional.

b) Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza el acta acuerdo suscripta en fecha del 3 de enero de 2012, suscripta entre el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y el señor Ministro de Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido.

c) Que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rechaza y no adhiere a la Ley dictada por el Congreso Nacional.

d) Que cualquier transferencia del Contrato de concesión de servicios, competencias y funciones a favor de la Ciudad requerirá para su efectivo aplicación la firma de un acta acuerdo entre la Ciudad y la Nación, así como la conformidad de esta Legislatura en los términos de la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional y del artículo 80 inciso 8º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 24.588 (de Garantías de los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires)

e) Que aceptar que el Congreso de la Nación resuelva unilateralmente sobre cuestiones que hacen a la administración y a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires será restringir la competencia otorgada por la Constitución de la Nación y ratificada por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

f) Que al residir el Gobierno Federal en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, los Gobiernos de la Ciudad y de la Nación se deben articular políticas de cooperación, entendimiento y articulación que garanticen el derecho a la seguridad e integridad de las personas y el de transitar libremente.

g) Que el Gobierno de la Ciudad deberá arbitrar los mecanismos institucionales, legales y procesales necesarios a fin de garantizar los intereses y derechos que le asisten a los usuarios de los servicios de subte, premetro, líneas de colectivos involucradas y tranvía.

h) Que el Poder Ejecutivo instruya expresamente al Ente Regulador, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la Auditoría General de la Ciudad, a realizar una exhaustiva auditoria técnica y contable integral, que incluya el estado de la red, del material rodante, las condiciones de seguridad, el Contrato de Concesión de Metrovías S.A. y la utilización de los subsidios recibidos, a los fines de analizar debidamente los términos, condiciones y recursos necesarios para aprobar o rechazar el traspaso

i) Que el sistema tarifario para subterráneos y Premetro en la Ciudad de Buenos Aires debe ser fijado en los términos propuestos por el Ente Regulador de los Servicios Públicos en virtud del artículo 13º, incisos c) y d) de la Ley 210.

Artículo 2º. Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires la presente y los fundamentos de la misma.

Artículo 3º. De forma

Señora Presidente

Tengo presente que ha sido acordado como regla por los distintos bloques parlamentarios la no habilitación de tablas en el momento de la sesión, cuando aquellas no hubiesen sido requeridas en el ámbito de Pre Labor Parlamentaria.

Sin embargo, tal regla posee la excepción de casos de urgencia o necesidad.

Y el caso al cual me voy a referir no sólo reúne los recaudos de urgencia y necesidad, sino, de igual manera, de gravedad institucional, con afectación de la autonomía de la Ciudad, y de diversas normas de la Constitución de la Nación, así como de la ley fundamental de esta Ciudad.

Me refiero concretamente a la vulneración flagrante que para la autonomía de la Ciudad significa la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de la ley que dispone el traspaso a la Ciudad de los servicios de subtes, premetro, 33 líneas de colectivos y tranvía.

Vulneración que alcanza al principio federal de gobierno.

Son muchos los proyectos sobre los cuales han trabajado los señores legisladores con respecto al tema.

Todos tienen excelentes fundamentos y concretos postulados.

De ellos quiero destacar el del señor Diputado Ferraro, de cuyos fundamentos surge, a criterio de este diputado, un exhaustivo y correcto análisis constitucional y jurídico que permiten motivar la postura que seguidamente voy a proponer para su aprobación por este cuerpo.

En efecto, largo ha sido el derrotero que hemos seguido para lograr la cabal y real autonomía de nuestra Ciudad.

Mucho hemos trabajado y construido en esta Legislatura para sancionar leyes fundamentales para consolidarla.

Sólo a título de ejemplo, y desde que soy legislador, hemos trabajado y consensuado en materia de justicia, seguridad vial, tránsito y transporte, seguridad ciudadana, educación, entre tantos otros relevantes temas.

Sin embargo, ahora, y con la sanción de la ley aludida, pretende doblegarse nuestra lucha para continuar y avanzar en la definitiva consolidación de la autonomía de nuestra Ciudad.

Se intenta, manu militari, imponernos el traspaso de subtes, premetro, líneas de colectivo y tranvía, sin respetarse las normas aplicables tanto de la Constitución Nacional, cuanto aquellas del Estatuto Orgánico de esta Ciudad.

Así, la estructura jurídica y alcance de la autonomía de Nuestra Ciudad, derivan del art. 129 de la Constitución Nacional, y de la Carta Magna de la Ciudad.

Coincidentemente con ello, y en el mismo sentido el art. 75, inc.2, de la Ley Fundamental.

A lo que debemos adicional la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional, y el texto de los arts. 9, inc.4, 80, inc. 8, y 104, inc. 3 de la Constitución de la CABA.

Del juego armónico de todas esas normas de rango supremo, la única conclusión posible (jurídica y constitucionalmente) es que únicamente previo acuerdo o convenio, con la consecuente ratificación del mismo por parte del Congreso Nacional, y esta Legislatura, y con la debida asignación de partidas y recursos, podría concretarse la transferencia de competencias o traspaso de parte del Gobierno Nacional a la Ciudad.

Como bien cita el proyecto del señor legislador Ferraro, Néstor Pedro Sagüés enseña que la doctrina constitucional admitía la sanción del Congreso de la Nación de la denominada “ley-convenio”, “ley-acuerdo” o “ley-contrato” como una manifestación del llamado, por Frías, federalismo de concertación. En el mismo orden, subraya el mencionado autor que la reforma “programó una ley convenio en materia de coparticipación de contribuciones directas entre la Nación y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Tendrá como Cámara de origen al Senado, debe ser sancionada con la mayoría absoluta de los miembros de cada sala, no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada, y será aprobada por las provincias (art. 75, inc. 2 de la Constitución Nacional)”.

En el orden federal, los artículos 75 inc. 2 y la cláusula transitoria 6ª disponen los siguientes principios: (i) no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la reasignación de los recursos correspondientes; (ii) Debido proceso: debe celebrarse un convenio entre el Estado Nacional y el Provincial, incluida expresamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando cuenta de la transferencia a realizar. Finalmente, debe dictarse, por un lado, una ley provincial o de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que apruebe dicho convenio; y por el otro, una ley dictada por el Congreso de la Nación en el mismo sentido. (iii) No podrá modificarse unilateralmente, ya sea por vía legislativa ni reglamentaria; (iv) La transferencia no debe perjudicar a las provincias ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el orden local, el artículo 9 inciso 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que son recursos de la Ciudad los fondos reasignados con motivo de las transferencias de servicio.

En sentido análogo la cláusula transitoria décimo tercera de la Carta Magna local faculta al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para convenir con el Gobierno Federal la transferencia del servicio de justicia de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y que “en todos los casos el acuerdo comprenderá la transferencia de las partidas presupuestarias o la reasignación de recursos”. Por otro lado, tanto el artículo 80 inciso 8, como el artículo 104 inciso 3, disponen que es atribución exclusiva de la Legislatura aprobar o rechazar los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Jefe de Gobierno, sean los mismos de carácter internacional o interjurisdiccional, incluidos aquellos suscriptos con el Estado nacional.

No obstante ello, en el caso particular, nos encontramos con una ley que, tomando como base un acta acuerdo suscripta entre el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y el señor Ministro de Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido, en fecha del 3 de enero del corriente, pretende avasallar la autonomía de la Ciudad y, al mismo tiempo, crear una seria inseguridad a los usuarios, una concreta incertidumbre jurídica, así como comprometer la prestación del servicio de subtes, premetro, líneas de colectivos y tranvía involucrados.

Veamos. El acta acuerdo referida establece que la misma se suscribe respecto de la concreción de la transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo de Buenos Aires y Premetro.

Contiene cinco cláusulas.

Más allá del contenido jurídico que a tal acta acuerdo pretenda otorgarse, lo cierto es que en ninguna parte del texto, se hace referencia a que este acuerdo se trata de aquella prevista por el texto del art. 75, en su inc. 2, de la CN.

Tanto así, que en ninguna de sus cláusulas ni en su contenido, se estatuye que tal acta acuerdo será sometida o puesta a consideración ni del Congreso de la Nación, ni de esta Legislatura a los fines del cumplimiento de los actos legiferantes que son necesarios para la aprobación de la misma.

No sólo ello, el acta, como ya señalamos, sólo se concentra en las negociaciones de transferencia de los servicios de subterráneo y premetro.

Nunca; en ninguna de sus cláusulas, se hace referencia alguna ni a las 33 líneas de jurisdicción de la Ciudad, como tampoco del servicio de Tranvía (Tranvía del Este o de Puerto Madero).

Sin embargo, en forma errada, inconstitucional y atentatoria del derecho federal, así como de la autonomía de esta Ciudad, el Congreso Nacional avanzó sobre tales tópicos nunca contemplados en el acta acuerdo.

Señores Diputados.
Es momento que esta legislatura de una señal clara.
Es oportuno que de una vez y para siempre, nos pongamos los pantalones largos y dejemos de “jugar” a ser o parecer autónomos.
Se acabó el momento de declamaciones.
El tiempo es hoy; el momento es ahora.

Señores Diputados de la Ciudad.
Es hora de alzar nuestra voz en protección de los derechos de los habitantes de la ciudad, y en defensa de la autonomía respecto de la cual hemos trabajado intensamente.
Es momento de hacernos escuchar bien fuerte en rechazo de cualquier imposición que intente avasallar nuestros derechos federales.

Digamos hoy, aquí y ahora, que no dejaremos que eso ocurra.

También exijamos al Poder Ejecutivo de la Ciudad acciones concretas de protección a los habitantes de la Ciudad.

Demandemos medidas que concreten nuestra autonomía.

Por eso, se pide al cuerpo habilite la siguiente tabla, así como, al momento de votarla, lo haga de manera afirmativa.