El Poder Ejecutivo giró al Senado un proyecto para recuperar pérdidas en la masa coparticipable a los municipios y aliviar sus alicaídas arcar aumentando el Inmobiliario Rural y Sellos, y restringiendo exenciones y modificando alícuotas de Ingresos Brutos. La propuesta también amplia los márgenes de endeudamiento hasta dos mil millones de pesos más.
Necesitado de recursos financieros, la denominada “Reforma Fiscal” que impulsa Daniel Scioli a la Legislatura, atiende las necesidades de caja de la Provincia y contempla el reclamo de los intendentes que vieron menguados sus ingresos como consecuencia de una reducción de los montos coparticipables.
A través de una batería de medidas que afecta al Inmobiliario Rural, subir alícuotas de Ingresos Brutos para algunas actividades e incorpora a otras que estaban exentas de ese impuesto, incrementa el Impuesto de Sellos y reclama subir el permiso de endeudamiento de la Provincia en al menos unos dos mil millones de pesos; el Poder Ejecutivo entiende que así responde a los dos frentes abiertos.
Scioli incorporó en los fundamentos del alza impositiva, el impacto que tendrá en el Presupuesto para este año, la negociación salarial con los empleados públicos, cuya cifra no estaba contemplada en la denominada Ley de Leyes. Una práctica habitual que desde el Ejecutivo siempre justifican en la necesidad de no fijar “techo” a esa negociación, pero que sin embargo, hasta ahora, no había motivado la reformulación de la Ley fiscal vigente en la Provincia.
En el mensaje del proyecto que el Ejecutivo envió a Legislatura para su sanción, Scioli admite que la nueva Reforma Fiscal, surge a partir de los planteos de los municipios que -asegura- tuvieron que “realizar readecuaciones presupuestarias en virtud del cambio de pautas planteadas para la elaboración de sus presupuestos”. Un reconocimiento de las quejas de los intendentes, que antes el Ejecutivo había atribuido a “errores de cálculo” de los propios distritos, pero también una justificación arbitraria de su propio accionar que ya produjo reacciones críticas de los alcaldes.
“Desde el momento de la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva 2012 hasta la actualidad, se han sucedido diversas situaciones que ameritan ser contempladas en la programación de las finanzas públicas”, asegura el proyecto del Ejecutivo, entre las que menciona “la política salarial del Gobierno provincial” para “permitir sostener el nivel de actividad y continuar con la recuperación de la participación de los sectores trabajadores en la distribución del ingreso” más la decisión del Congreso nacional de “prorrogar para el año en curso, la asignación específica prevista en la Ley de Financiamiento Educativo”.
Según los escribas oficiales “esta reforma surge de una profunda convicción ideológica: gobernar es generar todas las condiciones que hacen posible el mantenimiento del empleo, tanto público como privado” aunque no son pocos los opositores que sostienen que “tanta” presión fiscal, finalmente, no alcance los objetivos planteados.
No obstante, el sustento oficial no se termina allí, se consigna que “nuestra experiencia histórica nos obliga a rechazar in límine la alternativa del ajuste y la disminución del gasto. Sabemos que esto sólo conduce a un círculo vicioso cuyo final nuestro país, y especialmente nuestra provincia, ya conoce” dicen.
En definitiva, la nueva Reforma Fiscal, proyecta un ingreso anualizado para las arcas de la Provincia, de “2.685 millones de pesos” por encima de lo proyectado para este año según la reforma anterior, de los cuales, “1.030 millones de pesos” serán distribuidos entre los municipios, es decir un 38 % de los ingresos nuevos que surjan de la aplicación de la futura Reforma Fiscal.
Entre los impuestos que aumentan, el relacionado con los Ingresos Brutos es el que mayor incrementa -proyectado anualmente- la recaudación provincial. Scioli, pretende recaudar $1.410 millones de pesos más por este concepto, $420 de los cuáles serán distribuidos entre los distritos.
Le siguen el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural, con una proyección de $450 millones de pesos más en la recaudación de la Provincia por cada uno de ellos. Sumados, $900 millones de pesos más de los cuáles $231 millones engrosarán la recaudación de los municipios.
Por último, en la gobernación entienden que “la existencia de un programa de emisiones que prevé un cronograma de licitaciones con vencimientos coordinados y previendo que la demanda de las Letras del Tesoro continuará en ascenso en lo que resta del ejercicio 2012, y dada la confiabilidad y competitividad que muestran en el mercado”, que el incremento del monto máximo autorizado por la Ley 14.331 para emitir deuda debe ampliarse en 2.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas, con el objeto de permitir que la Provincia continúe utilizando de forma eficaz esta importante herramienta de financiamiento.
