Muchos de los argumentos opositores a la expropiación del 51 por ciento de YPF apuntaron a la ilegalidad del proyecto oficial. A contramano, el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, se encargó de dejar en claro que en la medida respeta la Constitución Nacional.

El diputado del Frente para la Victoria aseguró que con el proyecto “no se está operando una confiscación”, que según explicó, sería “el desapoderamiento de un bien sin indemnización”. Sin embargo, aseguró que “los artículos 11 y 12 de la nueva ley establecen claramente que el Estado nacional pagará el valor del patrimonio”.

En este sentido, el legislador bonaerense recordó que “el Tribunal de Tasaciones de la Nación será quien fije el monto de la indemnización, y cualquier diferencia de criterios entre el valor patrimonial de las acciones y la compensación de deudas será zanjado por la Justicia. Al hacerse efectivo el pago, se producirá la expropiación, y se cumplirán así todos los pasos constitucionales y legales de la expropiación”.

Asimismo, Landau afirmó que se está cumpliendo con “el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”, y señaló que la utilidad pública “es el interés social, la recuperación que hace un Estado soberano de la explotación de sus recursos para conseguir el autoabastecimiento”.

Por otra parte, el diputado defendió la decisión del Gobierno de ocupar la empresa hasta tanto se sancione la ley: “Esto es lo que se hace cuando cesa cualquier relación contractual y sirve para resguardar lo que no figura en los balances: los resultados de las prospecciones, los nuevos yacimientos, las investigaciones”.

“La Ley de Expropiaciones, en su artículo 59, y el Código Civil, en el 2.512, autorizan a la autoridad administrativa a ocupar un bien o cosas determinadas por causa de utilidad pública. De modo que para ocupar YPF no era necesario que el Poder Ejecutivo dictara un DNU: lo hizo porque consideró importante el mecanismo de participación del Poder Legislativo. Pero que quede claro: El Ejecutivo no estaba obligado a hacerlo, de modo que la objeción al procedimiento de intervención carece de sustento jurídico”, aclaró Landau.