Por Carolina Ramos

Adecuarnos a los tiempos que corren”. La frase resume las aspiraciones de una de las reformas más trascendentales que el Congreso tratará este año: la de los códigos Civil y Comercial. Basta con recordar que esta norma, obra del abogado Dalmacio Vélez Sarsfield, fue aprobada a libro cerrado hace más de un siglo -143 años-, y los últimos cambios importantes que se le hicieron fueron en 1968.

Pero luego de numerosos y fallidos intentos, la actualización y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación está cada vez más cerca de ver la luz. El trabajo volvió a emprenderse cuando el decreto presidencial 191, del 23 de febrero de 2011, creó una comisión especial que logró elaborar, gracias al trabajo de alrededor de cien juristas, el anteproyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará formalmente al Congreso. En ese ámbito, una comisión bicameral que aún no se ha conformado debatirá durante los próximos meses las distintas modificaciones propuestas.

El anteproyecto, anunciado el 27 de marzo por la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, supuso todo un desafío en la búsqueda por tratar de contemplar las visiones de distintos sectores de la sociedad, lo que abrirá sin dudas un rico debate que girará, ni más ni menos, en torno a las relaciones humanas de nuestros tiempos.

Si bien aún no fue definida la metodología de trabajo, Cristina Fernández adelantó que, ya que no se trata de un acto de legislación común, sino de codificación, “deberemos adoptar métodos de análisis y de tratamiento que no son los que normalmente damos a las leyes en general, con el tratamiento en general y el tratamiento en particular artículo por artículo”. Además, a pesar de que ya se empezaron a escuchar opiniones de especialistas, técnicos y académicos, no se sabe a ciencia cierta si desde el Congreso se invitará formalmente a discutir a estos sectores.

En concreto, son 2671 artículos que reemplazan a los más de cuatro mil artículos que tiene el Código Civil actual, y a los 506 artículos del Código Comercial. Ambas normas serán reunificadas, según se espera, para este año. Sobre los cambios más salientes, que ya se dieron a conocer, habló con Semanario Parlamentario la titular de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja, Silvia Risko (Frente para la Victoria).

La importancia de la reforma

“Esta norma, por la cual nos tenemos que regir todos, está fuera de esquema dentro de lo que es la evolución de las necesidades sociales”, explica Risko, quien considera que, “como bien lo dijo la presidenta, no se puede tratar a libro cerrado, como se trató en su momento el Código Civil”. Sin embargo, la diputada sostiene que la revisión del proyecto “va a llevar todo un año de trabajo” y que “la idea es sacar algo lo más perfectible posible, sabiendo además que las normas deben ser flexibles y deben actualizarse mínimamente cada diez años”.

“La sociedad que tenemos ahora, en 2012, no es la misma que teníamos al comienzo de nuestra democracia, o hasta en el 2000”, opina la oficialista sobre el alcance de la iniciativa, antes de adentrarse punto por punto sobre la reforma. “Pero además -agrega- se trata de una cuestión de que si vamos acompañando políticas de Estado, y la sociedad misma va amoldándose a la evolución de la técnica, de la ciencia, de la comunicación, necesita que sus legisladores no solamente se dediquen a los temas políticos actuales, sino también a darle una contención a las problemáticas y realidades sociales transversales”.

El nuevo paradigma de las relaciones humanas

El primer cambio básico que propone el anteproyecto parece ser incuestionable, y tiene que ver con el matrimonio igualitario: “Al haberse incorporado el matrimonio entre personas del mismo sexo, el Código Civil no puede hablar de hombre o mujer. En algunos artículos del Código Civil habla solamente de la esposa o del esposo, pero no habla de los casos entre dos hombres o dos mujeres, independientemente del género. Al haberse realizado esa modificación en 2010, sí o sí hay que trasladarla”, explica la entrevistada.

Otro de los puntos claves del texto es el referente a la adopción. El fin último: combatir el mercado negro de compra y venta de bebés. “Hay un mercado ilegal que se dedica exclusivamente a eso, y que especula con la necesidad y ansiedad de parejas que desean ser padres y no pueden, y con la necesidad también, por otro lado, de alguien que no quiere ese hijo -indica la misionera- entonces, más allá del tema de las demoras, lo que hay que hacer es agilizar los mecanismos burocráticos para darle una respuesta más a una mujer que no quiere tener un hijo, pero que decide darle una adopción en forma rápida, que el chico esté en condiciones de ser adoptado”. Acelerar y transparentar el trámite son objetivos planteados en boca de la misma presidenta, quien consideró “una absoluta injusticia que por artilugios legales, ante la imposibilidad de gestación una persona tenga que sufrir porque quiere tener un chico, cuidarlo y darle amor”.

Risko puntualiza que “hay casos, por ejemplo, de chicos que son sacados de sus hogares como consecuencia de violencia o de abuso, y están en refugios, de ahí tiene que venir todo el procedimiento judicial, hasta que se los pone en condiciones de adaptabilidad, pero de ahí hay chicos que ingresan a los refugios siendo bebés y para cuando sale la sentencia para ser adoptados tienen cinco o seis años”. Para evitar esto, se reducirían las guardas preadoptivas, que hoy se extienden de seis meses a un año hasta que puede iniciarse el juicio de adopción. Por otra parte, se crearía un Registro Único de Adoptantes, que hoy por hoy sólo tienen algunas provincias.

Si bien existen varios proyectos trabados en la Cámara baja para modificar la ley actual de Adopción, la legisladora apunta que éstos “quedaron a la espera de esta presentación”, para evitar contradicciones. Pero no duda de que “algo en lo que hace mucho hincapié esta reforma en todo lo concerniente a familia es que el niño sea escuchado: tener en cuenta los deseos del niño, que es algo que hasta ahora nunca se le preguntó”. Pero la protección integral del menor, que fue una promesa iniciada con la Ley 26.061, no sólo está en juego en los procesos de adopción, sino también en los casos de divorcio, donde muchas veces los niños terminan siendo víctimas de las disputas conyugales. La separación es, precisamente, otro de los tópicos incluidos en la reforma.

Sobre el divorcio, reconoce Risko: “La realidad es que en todos ocurre porque uno de los dos toma la decisión”. La diferencia es que en la actualidad, cuando no hay conflicto de por medio, se hace la presentación de común acuerdo, tanto en la separación de bienes como en la tenencia de los hijos, y el trámite “sale”. “Pero puede pasar –aclara la diputada-que una de las partes no quiera o ponga reparos en lo que el otro quiere. Ahora con esto, uno de los dos se puede presentar, pero además tiene que acompañar una propuesta para los repartos de bienes, para todo, y si la otra parte está de acuerdo, continúa, y sino, la otra parte tiene que hacer una contrapropuesta”. En síntesis, “lo que uno recuperaría sería el estado civil; todo lo demás seguiría por el juicio de reparto de bienes, la tenencia de los hijos, el tema alimentario”, resume la diputada, quien admite: “Yo siempre me pregunté por qué para casarse uno demora diez minutos y lo hace ante un oficial de Justicia, y para divorciarse tiene que hacer un juicio de por medio, ante otra figura legal, que es un juez, y demora mínimamente un año seguro”.

Ante las críticas por “divorcio exprés”, la titular de Familia defiende la iniciativa: “No es un divorcio exprés, porque lo que entendemos por el concepto de exprés es algo que entra y sale. Va a agilizar un poco, pero tampoco es para decir ‘hoy presento y mañana estoy divorciado’, aunque no estaría mal tampoco: cuando está la decisión tomada es cuestión de ponerse de acuerdo”, considera. Para la presidenta de la Nación, esto significa “simplificar este trámite y no tornarlo en una tortura en personas que han dejado de amarse o una de ellas lo ha hecho”.

Además, la cuestión del divorcio va de la mano de otra innovación, que ya está legislada en varias partes del mundo: la de los contratos prenupciales. Sobre esto, Risko explica que “si una pareja firma un convenio prematrimonial, donde ya determina cuáles van a ser las condiciones, llegado el momento de que se quieran divorciar van a tener en cuenta eso también, que hoy por hoy no existe”, ya que actualmente todos los bienes que comparte la pareja –a excepción de los que adquieren durante la soltería o lo que se heredan- son gananciales.

El derecho de la identidad a la filiación para los casos de inseminación artificial es otra de las reformas que pidió Cristina Fernández. Sobre el tema, la diputada misionera grafica: “Si vos pones los óvulos y compras o elegís del banco de espermas los espermatozoides -porque tu pareja no puede concebir-, la identidad, la filiación del niño es del hombre que desea ser padre, en este caso de tu pareja”. “No así del que donó el semen -advierte- porque puede llegar un momento en que el niño, cuando crezca, quiera saber quién es su padre, quién fue el donante, pero no tendrá el derecho, salvo en casos excepcionales, como alguna enfermedad genética”. El motivo: se estaría violando el derecho del anonimato del donante.

Más allá de esto, la presidenta remarcó también la necesidad de una ley que regule uno de los grandes dilemas de la ciencia: la cuestión de los embriones no implantados, que no es facultad del Código Civil, norma que no se ocupa del estatus de la persona. Para este tema, que deriva necesariamente en la discusión sobre la despenalización del aborto (Ver recuadro), está el Código Penal, que según adelantó la mandataria también será reformado, de manera tal de sistematizar todas las modificaciones que se le imprimieron como “parches” a lo largo de los años.

Por otra parte, hablar de “alquiler de vientre” para los casos en que una mujer se ofrece para gestar una criatura no parecería ser lo más adecuado, al menos para Risko, quien prefiere referirse al “vientre sustituto”, ya que “con la palabra ‘alquiler’ estaríamos hablando de que haya dinero de por medio, y justamente una de las condiciones que pone esta reforma es que no exista dinero de por medio”. Lo cierto es que hoy en día, las necesidades económicas de las mujeres que ofrecen su vientre a cambio de una remuneración chocan con el deseo de las parejas que no pueden tener hijos ni pagar a cambio de ello. “Hay matrimonios que se van a otros países porque en otros países eso está legislado y autorizado”, advierte la kirchnerista. De ahí la necesidad de la reforma, que pondría como condicionamiento que la mujer no pueda actuar como vientre sustituto más de dos veces, ni que tenga hijos previos.

Durante la presentación del anteproyecto, la primera mandataria habló del “salto cualitativo” que esto significa y consideró que un Estado de derecho “tiene que reflejar los problemas cotidianos de la sociedad” en línea con la Constitución nacional. Y más allá de las disidencias que puedan plantearse en el debate, afirmó, se trata de “asegurar la libertad y la dignidad de las personas para elegir, en el marco de las leyes que rigen nuestro país, su forma de vida”.

Despenalización del aborto

La diputada misionera Silvia Risko no duda en afirmar que está de acuerdo con la despenalización del aborto, aunque asegura que el Estado debe asumir la responsabilidad de esta realidad. Duda que se discuta el tema este año.

– Usted fue una de las diputadas que firmó el proyecto que habilita el aborto legal, ¿cómo fundamenta esta posición?

– Estoy totalmente de acuerdo con la despenalización del aborto. Ahí está el tema: una cosa es decir ¿estás a favor del aborto? Y otra cosa es decir ¿estás a favor de la despenalización del aborto? Yo haría lo que esté a mi alcance para que ninguna mujer tenga que llegar al extremo o a la decisión de abortar. Pero no puedo dejar de ver la realidad, y como Estado no podemos dejar de asumir la responsabilidad de hacernos cargo de esa realidad. Hoy por hoy tenemos la base de datos de la cantidad de mujeres que mueren como consecuencia de abortos en función de aquellas que van a los hospitales públicos como consecuencia de malas prácticas -caseras o clandestinas-, sin ninguna garantía de higiene, de seguridad, ni quirúrgicas siquiera, y allí generalmente mueren. Porque la que puede pagar a una clínica privada, paga y nadie se entera. Y si tiene algún problema después, recurre al mismo médico, y la internan en la misma clínica bajo cualquier otra dolencia como excusa, y si muere, muere como consecuencia de eso, y nadie dice nada. Con o sin despenalización, todos los días en la argentina no tenemos idea de la cantidad de abortos que se están realizando. Y no son solamente consecuencias de violaciones: los abortos son consecuencias de relaciones no deseadas. Esta realidad pareciera que nadie la vivió, que es el instinto más primitivo del ser humano, que es el deseo, el placer, y no por eso el embarazo tiene que ser algo que se haya deseado.

– Hoy por hoy, ¿cómo contiene el Estado a las mujeres en esta situación?

– Hay políticas de Estado de contención, como ser la Asignación Universal por Hijo, que se extendió a la mujer embarazada, es justamente para darle una contención y una salida económica. En mi provincia, Misiones, también está el Plan Mamá, previo a la Asignación Universal, que es de las mismas características, sólo que es provincial, para que justamente no sea la situación económica la que lleve a la mujer a practicarse el aborto. La realidad es que las mujeres tomamos la decisión, pero igual el que tiene que tomar la decisión de brindarle una atención segura y gratuita a nivel médico a la mujer es el Estado. Porque hoy hablamos mucho de violencia de género, de discriminación, pero no hay acto peor a este nivel que privarle a una mujer del derecho de tener atención médica, segura y gratuita. Empecemos a sacar las realidades sociales de las que nadie le gusta hablar, porque es más fácil mirar para un costado y decir que no pasa. Está visto que con reforma o sin reforma, igual se siguen realizando abortos, y con esto vamos a tener la posibilidad de que, en vez de perder dos vidas, salvemos una.

– ¿Qué posibilidades hay de que el tema se discuta este año en el Congreso?

– Todo va a depender, primero, de la toma de conciencia de que esto es un problema social, real y transversal, y también del debate social que se genere.

– ¿Usted estaría a favor de convocar a un plebiscito?

– No, porque entonces ¿para qué nos eligen a los legisladores? Llamar a un plebiscito para una reforma del Código Penal, a mi directamente me dice que los legisladores no le sirven al pueblo argentino, porque nosotros ya elegimos a quienes nos representen, y los legisladores tenemos que hacernos cargo de modificar las cosas que sabemos que hay que modificar, por más de que nos resulten totalmente incómodas y antipáticas, porque a nadie le gusta hablar de este tema, pero no porque incomode hay que callar.

– ¿Cree qué la discusión ya está saldada en la sociedad y por lo tanto ahora es el turno de los legisladores?

– La discusión no está saldada en la sociedad. Honestamente, yo creo que recién comienza, y hace falta que se debata a nivel social, porque uno siempre se encuentra con la postura de “aborto sí o aborto no”, y no es así, hay que explicar de qué se trata, porque es mucho más profundo el tema.

Las reformas, punto por punto

* Matrimonio. Se actualiza el régimen a raíz de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Por eso, no se realizarán distinciones entre varón y mujer para definir quiénes pueden casarse. Además, se incorpora la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias (el único existente hoy) y el régimen de separación de bienes, a través de acuerdos prenupciales.

* Divorcio. Se simplifican los trámites para solicitarlo, estableciendo que puede ser válido también con el único deseo de uno de los cónyuges, sin invocar causas. Además, la pareja puede hacer propuestas, contrapropuestas, y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución. Desaparece el mínimo de tres años de matrimonio necesario para divorciarse, así como también la doble audiencia previa al fallo.

* Reproducción humana asistida. Se actualiza la legislación mediante la incorporación de técnicas como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras, regulando el consentimiento informado, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por este medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.

* Adopción. Además de simplificar este régimen, se prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos, incorporando el derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, a la identidad, a conocer sus orígenes y a la preservación de los vínculos fraternos. Se mantiene la adopción plena y simple, y se le incorpora el régimen de la adopción por integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente. Se admiten tanto la adopción conjunta como la unilateral.

* Propiedad comunitaria indígena. Se establece que la Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas será exclusiva de los pueblos originarios y no podrá ser arrendada ni alquilada, ni materia de especulación, con el fin de preservar su identidad cultural. Estas comunidades también tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.

* Gestación por sustitución. El proyecto admite lo que comúnmente se denomina “alquiler de vientre”. En este caso, el elemento central es la voluntad procreacional, expresado el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. Asimismo, el juez que intervenga debe constatar que la gestante no haya recibido retribución alguna.

* Sociedades de un solo socio. Se crea la figura de la sociedad unipersonal, que facilita la asignación de una porción del patrimonio a un proyecto productivo, incentivando así las inversiones.

* Derechos Personalísimos. Se incorpora un capítulo, inexistente hasta ahora, dedicado a los derechos personalísimos. Allí se reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros.

* Formas modernas de contratación. Con esto, el proyecto se refiere a la incorporación de los contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, franquicia, suministro y leasing, y se incorporan y armonizan los derechos del consumidor. El objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y garantizar de mejor manera la defensa de los ciudadanos en tanto consumidores.