La diputada Patricia Bullrich reclamó al Gobierno Nacional que detalle la "inversión" que supuestamente realiza para pagarle a presuntos usuarios falsos en Twitter y otras redes sociales.
A partir de la emisión del programa de Jorge Lanata el domingo, en el que se informó sobre el accionar de twitteros que responderían al Gobierno, la diputada nacional Patricia Bullrich anunció la presentación de un proyecto para que se investigue si en efecto hay empleados que cobran cargos en el Estado nacional, en organismos descentralizados o en la SIDE, y actúan en las redes sociales con perfiles falsos desarrollando campañas de propaganda y son pagos para ello.
Con este pedido, la diputada busca determinar “si el dinero público está siendo desviado para el pago de personal, que en vez de cumplir sus tareas en los organismos, desarrollan acciones de propaganda y de posicionamiento del gobierno en las redes sociales y de ataque a políticos, periodistas o medios de comunicación”.
Bullrich señaló que ya había presentado en 2010, junto a la diputada (MC) Silvana Giudici, un proyecto de repudio por la amenaza que recibió el periodista Alfredo Leuco de un bloggero K que, poco tiempo después, comenzó a trabajar como columnista del programa 678.
“Han salido a la luz nombres rentados con sueldos de distintos organismos como el gobierno de Tucumán, Lotería Nacional y el Ministerio de Planificación”, expresó Bullrich, para quien resulta “evidente que el Gobierno extiende su dominio comunicacional a través de la compra de medios y de estrategias de propaganda con el uso indiscriminado a su favor de la publicidad oficial. Esta metodología ha sido expuesta por el mismo exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, en reuniones públicas donde se comprometió a financiar estas acciones y a partir de reconocimientos de personas que desarrollan tareas en el ciberespacio y han hecho público que cobran por ello”.
La diputada citó puntualmente lo expuesto en el programa de Jorge Lanata, en el que se mostraron los mecanismos de falseamiento de identidades. “Este puede ser un recurso utilizado en las redes sociales, pero lo que se debe determinar es si detrás de estas campañas se utilizan fondos e impuestos de los ciudadanos”, advirtió Bullrich.
