Hace apenas un año atrás, la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza) bajo la dirección de María Inés Crisafulli, presentaba su renovado IPC destacando que “el marco conceptual y metodológico utilizado para el diseño del IPC Gran Mendoza responde a las recomendaciones de OIT, en forma conjunta con el FMI, la OCDE, y el Banco Mundial”. Ahora, un año después, un nuevo Ministro de Agroindustria declara que el IPC “no es información con valor agregado y tampoco está en armonía con el sistema a nivel nacional, como recomienda el FMI”. ¿Opinará lo mismo Crisafulli -todavía en funciones- o inventará algún argumento para negar lo que sostenía hace un año? Si cambia su posición, le avisamos que su página de internet en la parte metodológica, aún sostiene lo que el Ministro niega.

El gobernador de Mendoza, en este caso expresando su punto de vista a través de la opinión del Ministro de Agroindustria Marcelo Barg, tiene conceptos sorprendentes: según el funcionario, el IPC “no es información con valor agregado” y “a los mendocinos no les hace falta”. La historia de relevamientos estadísticos de Mendoza -modelo en el país- y su aplicación, dicen exactamente lo contrario. Esta información de Mendoza le hace falta a:

• Los consumidores: cuando realizan compras diarias.

• Los trabajadores: para ver cómo evoluciona el poder de compra de sus salarios y como negocian en paritarias.

• Los empresarios: para seguir la evolución de la economía, fijar precios y poder establecer parámetros para el crecimiento de los salarios.

• El Gobierno: porque la evolución de los precios incide en la competitividad, en la cantidad de recursos destinados a aspectos sociales y en la actualización de salarios públicos.

Medir el aumento general de precios es complejo, y el IPC provincial ha estado siempre, excepto en el Gobierno de Jaque, atado a la realidad de Mendoza. Ha sido calculado sobre la representatividad de los precios provinciales y con una canasta ajustada al consumidor local y estas son condiciones imprescindibles para poder estimar el verdadero impacto que tendrá la inflación en la economía y la vida cotidiana de la gente.

El Gobernador Pérez tiene que entender que los mendocinos necesitamos información precisa y veraz, porque es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y es su responsabilidad proveerla. Como ciudadana se lo exijo y pongo en su conocimiento que, de no hacerlo, el Ministro Barg por él nombrado, estaría incumpliendo los deberes de funcionario público de acuerdo a lo que ordena la ley de Ministerios 8385 en su articulo 15 inc. J, que lo obliga a “obtener, elaborar y difundir información económica y social para disminuir incertidumbres en la toma de decisiones y mejorar la calidad de la inversión por parte del sector privado”.

Sr. Gobernador, aceptando instrucciones nacionales Ud. destruye el trabajo serio y responsable de muchas gestiones provinciales, que se han esforzado en sostener estadísticas ajustadas a nuestra realidad. Además, crea incertidumbre económica y social al pretender que nos remitamos a las desprestigiadas y fraguadas estadísticas del INDEC. Pero lo más grave es que, negando la inflación, usted será cómplice del deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y estará negando también la pobreza, y privando a muchos mendocinos de una vida digna.

Gobernador Pérez, haga lo correcto, Mendoza necesita de funcionarios que velen por los intereses de su gente; la morenización de sus decisiones ponen al desnudo la inconsistencia de sus acciones y de los funcionarios de la DEIE que las acaten, perjudicando nuestros derechos.