La Comisión de Justicia de la Cámara baja aprobó el proyecto de ley que establece una reparación a los afectados por el atentado de la AMIA y la iniciativa que contempla un beneficio similar para las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Los diputados Manuel Garrido (UCR) y Marcela Rodríguez (DIP) firmaron en disidencia al no estar de acuerdo con los montos a pagar. Ambos textos ya tienen dictamen de la comisión de Derechos Humanos, por lo que sólo resta el visto bueno de Presupuesto y Hacienda para su llegada al recinto.

Por otro lado, los diputados acordaron tratar tres temas en las próximas reuniones: el régimen de arbitraje nacional e internacional; distintos pedidos de creaciones de juzgados federales -entre ellos uno en Tucumán que ya cuenta con media sanción del Senado-; y el proyecto que propone el traslado de los depósitos judiciales que actualmente están en el Banco Ciudad, al Banco Nación. Se acordó convocar a juristas, a la autora de esta última iniciativa y a miembros del poder judicial para debatir en la próxima reunión.

Asimismo el presidente de la comisión, Jorge Yoma (FpV), informó que presentó un proyecto para crear un Tribunal Federal de Casación por Arbitrariedad, con “la intención es aliviar el trabajo de la Corte Suprema y garantizar una mejor administración de justicia”. El legislador riojano precisó que le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para que aporte estadísticas que sirvan de base para discutir la idea. “De esta manera podremos saber cuántos son los casos de arbitrariedad que realmente llegan a la Corte por año y qué podemos hacer para mejorar el trabajo”, expresó Yoma.

Los diputados estuvieron de acuerdo en que este tema entre en la agenda de la comisión y que se llame a expertos para ver la viabilidad del nuevo tribunal.