Ha despertado mucha expectativa un proyecto que busca la recuperación del crédito mediante la eliminación de datos crediticios adversos. La iniciativa es del diputado kirchnerista Rubén Yazbek y será tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales luego del virtual receso de la Cámara baja de la próxima semana.

El proyecto propone eliminar el asiento negativo para quienes hayan regularizado o cancelado sus deudas, o extinguido la obligación que diera origen al informe impeditivo del crédito. Hoy, la ley establece que, habiendo cumplido con sus compromisos, aun así, la persona es mantenida en condición irregular por dos años.

El diputado Yazbek sostiene que “en la práctica, es fácil entrar y difícil salir”. Según expresó a parlamentario.com, los acreedores y los registros informan las situaciones de mora fácil y rápido, pero cuando el titular del dato regulariza o cancela, no corrigen el asiento, y a veces lo conservan para siempre. Además, el proyecto establece que quede claramente garantizado en la ley el “derecho al olvido”.

Expresó el diputado catamarqueño que “ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado tiempo, desde el momento en que finalizó el hecho al que se refieren. Esto es para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado o lo conviertan en un muerto civil y comercial”.

En ese sentido coincide con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Catania, donde se determinó que el dato adverso, transcurridos 5 años, deberá eliminarse aunque la deuda sea exigible. Así, lo que se impulsa es acortar los plazos para la aplicación del derecho al olvido en deudas morosas menores a $10.000.

Asimismo, el diputado kirchnerista aclaró que “no se condonan ni perdonan deudas, podrán ser perseguidas para su cobro por todos los medios legales. Lo que se está promoviendo es la eliminación definitiva de los asientos inhabilitantes, que constan en los registros públicos y privados de información comercial tipo Veraz, Fidelitas, Nosis, entre otros, con el objetivo de que la persona recupere inmediatamente la posibilidad de obtener nuevas financiaciones o créditos, una vez regularizado su situación”.

Con la iniciativa también se busca poner un piso a partir del cual se podrá informar situación irregular por mora, que puede rondar entre 1 o 2 salarios mínimos. Esto en pos de evitar que se afecte el crédito por deudas de montos mínimos. Situación que ocurre regularmente porque muchos acreedores informan sin medir el daño que ocasiona a las personas, que, o no han contraído la deuda o desconocen que están asentados en el registro.

Yazbek expresa que “es un proyecto de inclusión social, de alcance nacional, que pretende la protección ante los abusos que comenten casas de créditos que están fuera del sistema financiero y estafan a los asalariados y jubilados más vulnerables. Así, algunas personas que aparecen como mororosos, incluso con deudas pagas, tienen que recurrir a estos aprovechadores para obtener un préstamo. Además, en general, el costo financiero que pagan supera hasta 3 veces el costo de un crédito brindando por un banco oficial”.

El proyecto goza de amplio consenso entre todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ha sido trabajado en varias reuniones de asesores desde que fue presentado. Además, fue acompañado y cofirmado por diputados del Frente para la Victoria y diputados otros bloques, como el Frente Cívico de Santiago. También se han receptado otras iniciativas legislativas en ese sentido, y varias propuestas de la Dirección Nacional de Datos Personales a fin obtener un dictamen único.