La reforma del Código Civil y Comercial es otro de los grandes proyectos lanzados por el kirchnerismo que pondrá en marcha nuevamente un arduo debate entre los legisladores. La iniciativa iba a comenzar tratarse este jueves en Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, pero debido al feriado se postergó hasta el martes de la semana que viene, en principio a las 17, según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com.

Desde el despacho del oficialista Marcelo Fuentes, titular de la comisión en cuestión, indicaron que el propósito del encuentro es dar dictamen favorable para la creación de la comisión bicameral, indicada en el artículo 9 de la iniciativa para el tratamiento formal del proyecto, con la proporción de integrantes de cada partido.

Cabe señalar que el proyecto había sido mencionado por la presidenta Cristina Fernández Nación en su discurso del 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias, y luego la propia Cristina Fernández presentó el anteproyecto el 27 de marzo, que ingresó ya como proyecto en Mesa de Entrada del Senado el 8 de junio pasado.

Las reformas, punto por punto

Matrimonio. Se actualiza el régimen a raíz de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Por eso, no se realizarán distinciones entre varón y mujer para definir quiénes pueden casarse. Además, se incorpora la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias (el único existente hoy) y el régimen de separación de bienes, a través de acuerdos prenupciales.

Divorcio. Se simplifican los trámites para solicitarlo, estableciendo que puede ser válido también con el único deseo de uno de los cónyuges, sin invocar causas. Además, la pareja puede hacer propuestas, contrapropuestas, y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución. Desaparece el mínimo de tres años de matrimonio necesario para divorciarse, así como también la doble audiencia previa al fallo.

Reproducción humana asistida. Se actualiza la legislación mediante la incorporación de técnicas como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras, regulando el consentimiento informado, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por este medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.

Adopción. Además de simplificar este régimen, se prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos, incorporando el derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, a la identidad, a conocer sus orígenes y a la preservación de los vínculos fraternos. Se mantiene la adopción plena y simple, y se le incorpora el régimen de la adopción por integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente. Se admiten tanto la adopción conjunta como la unilateral.

Propiedad comunitaria indígena. Se establece que la Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas será exclusiva de los pueblos originarios y no podrá ser arrendada ni alquilada, ni materia de especulación, con el fin de preservar su identidad cultural. Estas comunidades también tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.

Gestación por sustitución. El proyecto admite lo que comúnmente se denomina “alquiler de vientre”. En este caso, el elemento central es la voluntad procreacional, expresado el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. Asimismo, el juez que intervenga debe constatar que la gestante no haya recibido retribución alguna.

Sociedades de un solo socio. Se crea la figura de la sociedad unipersonal, que facilita la asignación de una porción del patrimonio a un proyecto productivo, incentivando así las inversiones.

Derechos Personalísimos. Se incorpora un capítulo, inexistente hasta ahora, dedicado a los derechos personalísimos. Allí se reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros.

Formas modernas de contratación. Con esto, el proyecto se refiere a la incorporación de los contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, franquicia, suministro y leasing, y se incorporan y armonizan los derechos del consumidor. El objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y garantizar de mejor manera la defensa de los ciudadanos en tanto consumidores.