Senadores de distintas bancadas presentaron, en la Cámara alta, una iniciativa de ley que declara, “por un lapso de seis años, la emergencia nacional del personal en Anestesiología”, y que “alcanza a todos los subsectores de salud en general, tanto público como privado, y de la seguridad social”.

El objetivo del proyecto es, según expresa el segundo artículo, “lograr el personal de Anestesiología necesario para un sistema de salud de calidad, impacto, equidad y eficiencia en todo el país, y en cada una de sus regiones y jurisdicciones”.

Los impulsores del proyecto –entre ellos, el senador del interbloque FAP Rubén Giustiniani y la legisladora oficialista Elena Corregido- explican: “Actualmente, los anestesiólogos, y en mucho menor grado, los neonatólogos, han obtenido condiciones favorables altamente diferenciales con respecto al resto del cuerpo médico en numerosas jurisdicciones. En un mismo período, los anestesiólogos ganan frecuentemente cinco veces más de lo que gana un médico de otra especialidad. Si el ejemplo de ambas ramas de la medicina cundiera, el conflicto puede extenderse a otras ramas de la atención de salud”.

Además, en los fundamentos se señala que “el medio privado contribuye indirectamente al conflicto”, ya que en el mercado “se cotiza la anestesiología por encima de los honorarios del sector público”, lo que “produce un drenaje desde el sector formador público al sector privado utilizador”, que “rebota con mayores exigencias de los anestesiólogos para equiparar condiciones arancelarias entre ambos sectores”.