Los diputados riojanos de la UCR Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria celebraron el fallo adoptado por el juez Daniel Flores, de la ciudad de Chilecito, que ordenó “suspender el cumplimiento del convenio firmado el 31 de agosto del 2011 entre Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y la minera Osisko Mining Corporation.

Los legisladores recordaron que se trata del convenio firmado entre el Gobierno riojano y la empresa multinacional, “que le permitía a ésta última realizar la exploración y posterior explotación a cielo abierto bajo el sistema de lixiviado con cianuro en el Cerro Famatina y por el cual la legislación federal había previsto que se realice un inventario de glaciares para conocer si las explotaciones en todo el país producirían daño a los glaciares y periglaciares”.

El juez Flores basó su fallo en la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, a principios del mes de julio, donde dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia federal de San Juan y que habían sido solicitadas por Barrick Gold y otras empresas mineras para frenar la Ley de Glaciares.

En este marco, el diputado Martínez remarcó que “el fallo es positivo pero solamente suspende la actividad hasta la realización del inventario de glaciares” ya que “la decisión del juez Flores no contiene la anulación del convenio ni la prohibición de la megaminería” por lo que “la lucha del pueblo tiene que continuar”.

Con ironía, Brizuela y Doria sostuvo que “es una buena oportunidad para que el gobernador (Luis Beder Herrera) revierta su creciente imagen negativa, escuchando a la gente”, y advirtió que “el secretario Nito Brizuela miente y engaña, para no cumplir con el inventario de glaciares”.

“Beder Herrera tiene ahora un escenario perfecto para que de una vez por todas cumpla el mandato del pueblo, ya que según las encuestas el 70 por ciento en La Rioja está en contra de la minería”, disparó la diputada nacional tras conocerse el fallo de la justicia de Chilecito, que suspende el convenio con la minera Osisko en La Rioja.

Analizando la medida, consideró que después del reciente fallo de la Corte “a nadie le queda dudas que la ley de Glaciares debe cumplirse, y para que no se torne una ilusión es indispensable que se suspendan todos los procesos en marcha, y se prohíban los nuevos”.

Continuó explicando que de lo contrario “el bien jurídicamente protegido por la ley, que es el agua como recurso estratégico, y su preservación para consumo humano y uso agrícola, está desprotegido”.

Brizuela y Doria anticipó una posible apelación del fallo judicial por parte del Gobierno de Beder Herrera, y advirtió: “Esperamos que no lo hagan y que cumplan con esta herramienta, la mejor que podrían tener para dar marcha atrás, algo que deberían haberlo hecho hace mucho tiempo”.