Los permanentes desencuentros que protagonizan en la provincia de Buenos Aires el Poder Ejecutivo y el Legislativo suman un nuevo y trascendental capitulo: la designación de un nuevo Fiscal de Estado.
El acuerdo que constitucionalmente debe prestar el Senado para que el gobernador Daniel Scioli pueda designar el reemplazante del fiscal Ricardo Szelagowski, recientemente fallecido, se constituyó en un nuevo frente de conflictos entre distintos sectores del oficialismo.
La actual Constitución de la provincia de Buenos Aires contempla en su artículo 155 la existencia de un funcionario que se denomina “Fiscal de Estado”, al cual instituye como defensor de los intereses patrimoniales del Estado provincial.
Dicha norma dispone que “habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones. Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia”.
Por su parte, el decreto Ley 7543/69 (texto ordenado en decreto 968/87 y sus modificaciones en las leyes 11.401, 11.623, 11.764, 11.796, 12.008, 12.214, 12.748, 13.088, 13.154, 13.244, 13.402 y 13.434) reguló la estructura y funcionamiento del referido órgano constitucional.
Del ordenamiento jurídico provincial surgen las diversas e importantes atribuciones que tiene asignadas el Fiscal de Estado.
Por un lado, este funcionario ejerce la representación del Estado, y de sus entes descentralizados, en todos los juicios en los que actúa como demandado o como demandante.
También interviene en las actuaciones que tramitan ante las autoridades administrativas en las que se hallen comprometidos los intereses patrimoniales del Fisco. Finalmente, tiene la facultad de impugnar judicialmente las decisiones administrativas que considere dictadas en contra de la Constitución, las leyes o los reglamentos.
Estas competencias, que el ordenamiento jurídico le asigna, ponen de relieve la especial significación institucional de este funcionario. En efecto, se trata del órgano constitucional encargado de la defensa judicial de la provincia de Buenos Aires y del control de legalidad de los actos administrativos.
En suma, puede afirmarse que el Fiscal de Estado es una institución esencial en el sistema de tutela de los intereses estatales y de control de regular el funcionamiento de la actividad administrativa.
El pasado
Ricardo Szelagowski fue designado el 1987, cuando era gobernador el radical Alejandro Armendáriz. En sesión secreta, esa era la práctica común por entonces para la aprobación de los acuerdos, la bancada radical logró imponer los dos tercios necesarios que en términos formales no poseía, el 26 de noviembre de aquel año. El 30 de noviembre se publicó el decreto del PE.
Szelagowski reemplazó de esa forma a Melchor Cruchaga, otro radical designado por el propio Armendáriz el 21 de diciembre de 1983.
Cruchaga renunció al cargo de Fiscal de Estado cuando aceptó ser candidato a diputado nacional de la UCR en las elecciones de septiembre del ’87. Pero fue precisamente luego de esas elecciones, dónde fue electo gobernador el peronista Antonio Cafiero, cuando el radicalismo activó el nombramiento del reemplazante en el cargo de Fiscal de Estado.
Los acuerdos por entonces del Senado se realizaban en sesión secreta, no obstante, el peronismo se las ingenió para hacer “algo pública” la designación.
La composición del Senado iba a cambiar significativamente el 10 de diciembre de 1987, pero hasta esa fecha la UCR contaba 30 senadores sobre un total de 46. El peronismo estaba diseminado en cinco bancadas: Movimiento Renovador Peronista, PJ, Movimiento Peronista, Tercera Posición Justicialista y Movimiento Independiente Justicialista.
En la sesión del 26 de noviembre de 1987, tres ausencias del bloque del PJ (Juan Torres, Josefina Ruffi y Ricardo Liccati) le permitieron a la UCR, con asistencia perfecta, alcanzar los dos tercios necesarios y salió el acuerdo de Ricardo Szelagowski.
No obstante, desde el peronismo se alentó el debate al pedir que el tratamiento del pliego del Fiscal de Estado sea en sesión pública, como luego la reforma constitucional del ’94 establecería. En rigor este pedido tenía como el objetivo poder debatir públicamente sobre el acuerdo y la consecuente designación, tal como finalmente se hizo.
En las voces de los senadores Ángel Abasto y Carlos D’Agostino el peronismo dejó en evidencia la imposición de la mayoría circunstancial con “fecha de vencimiento” de un “funcionario inamovible”.
La situación fue descripta por el senador Abasto “nos encontramos frente al hecho de la nominación del Fiscal de Estado, cargo que hace aproximadamente ocho meses que está vacante, exactamente desde el 24 de marzo de 1987 cuando fue publicada la aceptación de la renuncia del entonces Fiscal…si nosotros nos encontráramos frente a una urgencia, como un hecho fortuito acaecido en este momento, sin duda respetaríamos el derecho del señor gobernador de nominar a sus funcionarios hasta el último día que expire su mandato, pero han pasado ocho meses, no es reciente, y llama la atención la urgencia con que se quiere hacer la designación, a escasos días del cambio de la administración y de la política”. El senador que representaba a la Tercera Sección Electoral remata diciendo que “al margen de cualquier especulación menor, el tema merece una amplia discusión desde el punto de vista político”.
Finalmente el Senado terminó prestando acuerdo al pliego de Ricardo Szelagowski, en sesión secreta, que se desempeñó como tal hasta su fallecimiento el 18 de julio del presente año.
Nuestros días
De modo que los gobernadores peronistas que se sucedieron luego de Armendáriz, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Solá no tenían opción de designar un nuevo titular de la Fiscalía de Estado. No obstante, este último, promovió un juicio político en 2007 que no prosperó, a través de la presentación de una resolución en la Cámara de Diputados por el entonces diputado Carlos Quintana. Pero también con el claro objetivo de extender su influencia al futuro gobernador, que sería Daniel Scioli.
Empero, estos antecedentes, desde la gobernación rápidamente salieron a azuzar la idea de una “tradición opositora” del Fiscal de Estado y deslizaron que, para mantener esta lógica, el actual Adjunto y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Hernán Gómez, un letrado vinculado al radicalismo, como un posible sucesor. Aclararon que no existe un plazo legal para hacer una propuesta de reemplazo, mientras que la asunción del Adjunto por fallecimiento del Titular “es automática”.
La Fiscalía de Estado es el área que defiende a la Provincia en las controversias judiciales con terceros sobre bienes e intereses del Estado bonaerense. Pero es también el organismo que interviene, a través de dictámenes, en el proceso administrativo previo de operaciones importantes, como las compras y contrataciones del Estado.
En ese marco, y a partir de los antecedentes, “Scioli buscaría mantener la tradición de los gobernadores peronistas que avalaron la opción de una Fiscalía de Estado en manos de alguien cercano a un sector opositor con representación legislativa”, dijeron.
Esta reacción del PE fue sopesada por los sectores del oficialismo que ejercen una influencia decisiva en el Senado, bastantes distantes del gobernador y cercanos de la presidenta. Si bien se entusiasmaron con la posibilidad de que un hombre del “proyecto” ocupe ese estratégico lugar, también son conscientes que el pliego lo debe enviar al Senado el PE. Nadie puede tirar la primera piedra.
La encerrona es total, el destino le ofreció al gobernador Scioli una posibilidad de incierto desenlace y el horno no está para bollos. Mientras tanto ruedan los nombres en estricto off…
