La acusación será presentada a las 14.30 en el Anexo de la Cámara baja por iniciativa de la Coalición Cívica, organismos de derechos humanos y asociaciones de trabajadores.
Los diputados nacionales de Coalición Cívica-ARI Carlos Comi y Fernanda Gil Lozano (mandato cumplido) presentarán en conferencia de prensa un proyecto de pedido de informes sobre una denuncia penal contra el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, sospechado de haber actuado como agente del Batallón de Inteligencia del Ejército 601 durante la última dictadura cívico-militar.
Los legisladores estarán acompañados de representantes de organismos de derechos humanos y gremiales como el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC); y la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos.
La conferencia de prensa está convocada para las 14.30 en la Sala 7 del edificio Anexo de la Cámara de Diputados.
El pedido de informes lleva la firma del diputado Horacio Piemonte (CC-ARI) y cuenta con el acompañamiento de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del Sur) y Víctor De Gennaro (Unidad Popular), entre otros.
La denuncia en cuestión fue realizada en julio de 2011 ante el Juzgado Federal Nº 4, con el propósito de investigar la posible pertenencia de Martínez, como personal civil del Batallón 601 de 1976 a 1983. La Coalición Cívica informó que “esa dependencia castrense fue definida judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el Estado argentino durante ese tiempo”, y que “dentro de su plan sistemático, fueron detenidos y desaparecidos 105 obreros de la construcción, lista elaborada por la Conadep”.
El texto presentado a la Justicia señala: “El batallón 601 no se limitaba a realizar tareas de inteligencia. Por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo ‘Grupos de Tareas’ periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los ‘interrogatorios’”.
Y agrega: “No puede sorprender, pues, que sean 105 los desaparecidos de la construcción registrados. De manera harto evidente, la pertenencia del imputado Martínez como agente de inteligencia en un aparato dedicado a la infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final de militantes populares, en forma simultánea con su actividad gremial en la UOCRA, que data según la documentación anexa de la misma época, ha resultado determinante en el destino de los compañeros obreros de la construcción que permanecen detenidos desaparecidos. Dicha simultaneidad no resulta casual ni exclusiva del aquí denunciado. La vinculación y colaboración recíproca entre el aparato represivo estatal, oficial u oficioso, y la burocracia sindical representada por Gerardo Martínez”.
En la misma documentación se denuncian actos de violencia realizados por “matones” de la UOCRA contra trabajadores de otros gremios de la construcción, en la provincia de Santa Cruz, San Luis y Buenos Aires. Esta denuncia será elevada a la Organiazción Internacional del Trabajo por los organismos de derechos humanos y asociaciones de trabajadores comprometidos en la investigación.
