Fernando “Pino” Solanas presentó un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico.

“El enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos se ha vuelto una práctica habitual, pudiendo escaparse de cualquier sanción penal, por los plazos de prescripción establecidos en la ley penal”, manifestó Solanas.

El líder de Proyecto Sur destacó que el caso más emblemático de un funcionario que perjudicó gravemente el patrimonio público es el del José Alfredo Martínez de Hoz, exministro de Economía de la Nación durante la última dictadura cívica militar.

El exministro fue imputado de graves cargos por defraudación a la administración pública, fue procesado y luego sobreseído, ya que habían pasado 17 años desde la iniciación de la causa y más de 10 desde que fuera indagado, dejándolo en la más absoluta impunidad”, explicó el diputado.

Mencionó además los casos de “la voladura de la fábrica militar de Río Tercero; la enajenación de las acciones de propiedad participada de las compañías telefónicas; las de YPF; y tantos otros delitos que sería largo enumerar”.

Esta modificación que se incorporaría como artículo 62 bis al Código Penal es una forma “de luchar contra las formas corruptas del ejercicio del poder que han devastado el patrimonio de la comunidad, con graves consecuencias para la economía de la Nación que se ha visto obligada a transferir recursos por negociaciones fraudulentas”, señaló Solanas.

“Lo público debe ser defendido con todos los elementos legales que puedan instrumentarse, para que los delitos cometidos en perjuicio de la Nación por quienes la representan, puedan ser castigados y desaparezca definitivamente la impunidad”, finalizó el referente de Proyecto Sur.