Los Registros del Automotor y Créditos Prendarios, Motovehículos y Maquinaria Agrícola dependientes de la Dirección de Registros Nacionales, mueven unos 800 millones de pesos por año. Ante semejante suma de dinero, el diputado nacional Alberto Asseff presentó un pedido de informes que, entre otras cosas, pide saber si se han suspendido los concursos para cubrir las 163 vacantes producidas en los mismos, y en ese marco, quiere saber si se ha procedido a designar interventores en dichas dependencias.

Añade el legislador que “en un país seriamente organizado en un régimen federal, la potestad registral debiera estar en manos de los Estados provinciales”, pero reconoce que en este caso las titularidades han recaído en personas públicas, sus parientes o estrechos allegados y/o colaboradores. Así las cosas, el diputado de Concertación Federal desea conocer cuál es el criterio con el que se designan a los interventores y cuál es el tiempo de duración promedio de esas intervenciones y cuánto recaudaron anualmente estos registros, informándose los ingresos desde 2007 a 2011.

Cuál es el destino de las recaudaciones de los Registros, es otro de los interrogantes que plantea, como así también si es cierto que personalidades públicas y/o parientes y/o allegados son titulares de Registros y en caso afirmativo cómo accedieron a esa titularidad. En ese sentido, Asseff pregunta si actualmente se están realizando concursos para adjudicar Registros vacantes o nuevos y cuántos sumarios se han iniciado por irregularidades administrativas en las Delegaciones registrales y cuántos han derivado en denuncias judiciales y si el Ministerio de Justicia y/o la Dirección de Registros Nacionales se ha constituido en parte querellante en esos procesos.

Asseff sostiene que los Registros se han erigido, desde su creación, en “prebendas para influyentes, acomodados o parientes y amigos. Todo lo contrario de lo que corresponde en un país normal, esto es donde rige y se cumple la ley”. Por ello, considera que “la Cámara de Diputados de la Nación no puede mantener se impávida ante esta situación que, además de movilizar cuantiosos caudales, tiene claros ribetes antirrepublicanos porque pareciera que no existe la igualdad ante la ley para acceder a la titularidad de los Registros y es dudoso que se cumpla con el requisito constitucional de la idoneidad, atento los numerosos casos detectados en los que el titular del Registro tiene como excluyente antecedente el de ser pariente o amigo o cofrade del funcionario que medió en su designación”.