“La iniciativa define las políticas de hábitat y vivienda y regula las acciones para resolver el déficit urbano habitacional, dando prioridad a las familias de menos recursos”, expresó el diputado provincial Ricardo Lissalde en referencia al proyecto de “acceso justo al hábitat”.

Lissalde manifestó que “este proyecto fue iniciativa del diputado oficialista Alberto España, pero acompañado por la mayoría de la oposición que en su momento hicimos importantes aportes. En el proyecto de Ley, que recibió media sanción se establece que el derecho a una vivienda y a un hábitat digno. Podríamos sintetizarlo en el derecho a la tierra que todas las familias bonaerenses tendrán garantizado. Especialmente aquellos quienes no logran resolver el problema habitacional por medio de recursos propios, y que todos sus habitantes tienen garantizado constitucionalmente el derecho al acceso a la tierra y la vivienda”.

Por otra parte, el presidente del bloque Alternativa Peronista señaló que “también se contempla la participación de los gobiernos municipales y de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que en su objeto social propendan al fomento de la tierra y la vivienda, y el Estado deberá generar iniciativas para proveer suelo urbano y/o urbanizable, desarrollar nuevas áreas residenciales la integración socio urbanística de villas y asentamientos precarios, impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación, mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, de equipamientos comunitarios y de espacios públicos recreativos, asegurar la regularización dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos con el fin de permitir el acceso al título de propiedad y su constitución de su propia casa”.

Asimismo, Lissalde resaltó la importancia que también tiene “el otro proyecto aprobado en el que se propone transferir una importante cantidad de tierras provinciales para la provisión de suelo fiscal a los fines de su incorporación al Programa Procrear y de ese modo garantizar que accedan aquellas familias que no tienen lotes”.

En cuanto al financiamiento, “se creará un Fondo Fiduciario Público integrado por los recursos del presupuesto que se le asignen, los provenientes de planes nacionales y una contribución adicional específica sobre el impuesto inmobiliario correspondiente a predios baldíos. A su vez, se crea el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, que debe actuar como órgano de consulta y asesoramiento integrado por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo, municipios, organizaciones sociales y universidades con sede en la provincia”

También se dispone que en el futuro los grandes emprendimientos inmobiliarios tales como countries, clubes de campo, cementerios privados o grandes superficies comerciales que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados a ceder un porcentaje de la superficie total de los predios o su equivalente en efectivo para la realización de emprendimientos sociales, con un piso del 10 por ciento de la superficie y un tope “que no podrá ser superior al máximo establecido por la instancia superior de justicia en materia de constitucionalidad para la regulación de usos del suelo por parte del Estado”.

Además, se establece que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación las que deberán contar obligatoriamente con el respaldo de la Legislatura. Ambas normas fueron giradas al Senado.