Los líderes de la CGT y la CTA opositoras participaron de una audiencia pública en el Congreso, donde se mostraron junto a "Pino" Solanas y Claudio Lozano. Cuestionaron los derechos de los trabajadores que se verían afectados en el nuevo Código Civil y Comercial y volvieron a criticar la nueva ley de ART.
En el marco de una audiencia pública convocada por la diputada Liliana Parada (Unidad Popular), los titulares de la CGT y la CTA opositoras, Hugo Moyano y Pablo Micheli, cuestionaron las reformas del nuevo Código Civil y Comercial que podrían afectar los derechos de los trabajadores.
“Todas las leyes de los últimos tiempos van en contra de lo que aspira el movimiento obrero organizado. Esto hace que desconfiemos de todo lo que promueve el Ejecutivo”, alertó Moyano, quien consideró que con leyes como la de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y la Ley Antiterrorista “estamos retrocediendo en el tiempo”.
En tanto, Micheli coincidió en que “una vez más tenemos un relato que difiere de la realidad”, y se refirió a la reforma del Código Civil y Comercial como “una preocupación más”, ya que “consolida la precarización laboral”. “Hace falta librar una batalla cultural”, consideró.
Ricardo Cornaglia, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pidió hacer foco en la reparación de los daños en casos de accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, el secretario de Acción Social de la CGT, Jorge Sola, criticó la “falta de un debate profundo en el Congreso” sobre este tema y apuntó que “los trabajadores hemos quedado excluidos”.
Estuvieron presentes además los diputados Claudio Lozano y Antonio Riestra, de Unidad Popular; el socialista Omar Barchetta y Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur.
Precisamente Lozano sostuvo que “este intento de reformar y unificar los códigos civil y comercial pretende regular las condiciones de vida de nuestra sociedad validar los lineamientos fundamentales del modelo neoliberal. Es un código civil que le habla a las grandes empresas y a los dueños de los countries y tiempos compartidos. La propuesta oficial consolida: la cesión de nuestra soberanía validando que nos juzguen en tribunales del exterior, deslaboraliza las relaciones laborales y precariza el contrato de trabajo, elimina el principio de protección en relaciones desiguales, facilita la elusión de responsabilidad de los grupos empresarios, elimina la función social de la propiedad y discrimina a los pueblos originarios y a los cultos no católicos”.
