En su pelea interminable con el Grupo Clarín, el Gobierno ha llevado hace varias semanas a la Justicia al campo de batalla. En esa tarea han intervenido funcionarios y hasta la propia presidenta, que cargó directamente sobre los jueces durante el acto central de los festejos por los 29 años de democracia. En ese marco, Cristina Fernández sostuvo que “la gente siente que hay bolsones, que hay sectores que se siguen conduciendo con una lógica de no respeto a la voluntad popular. Y no lo digo únicamente por la Ley de Medios, lo digo también por esos ciudadanos, esas ciudadanas que por allí ven que magistrados o jueces sin responsabilidad, dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, a matar, o a violar. La gente está cansada de todo eso, quiere realmente una Justicia que sirva al pueblo, que sienta que allí están sus responsabilidades, que sea menos corporativa”.

La referencia a los jueces “que dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir” sonó mal en el CELS que conduce el periodista aliado del Gobierno Horacio Verbitsky, que quedó obligado a marcar sus diferencias en ese sentido. No es común que el Centro de Estudios Legales y Sociales se diferencie del kirchnerismo.

Pero está claro de qué hablaba Cristina y de qué hablan sus funcionarios en estos días cuando se refieren a la Justicia en general y la Corte en particular. Como si existiera un libreto, son varios los kirchneristas que, partiendo de la propia presidenta, se encaraman en la contundencia del voto popular para poner límites a otros poderes. En el manifiesto K que se escribe por estos días, la Justicia puede hacer cualquier cosa, menos gobernar, porque los jueces no han sido votados por la gente; las leyes emanadas del Congreso son indiscutibles, porque han sido votadas por los representantes de la ciudadanía. Los que protestan pueden hacerlo, pero sólo eso, porque no han sido votados…

Si quieren, que armen un partido, ganen las elecciones y hagan lo que quieran. El propio Fito Páez expresó ese discurso en un reportaje que concedió a radio Mitre.

Con la certeza de quienes saben muy bien lo que dicen y marcan camino cuando lo hacen, el ultrakirchnerista Carlos Kunkel volvió a apuntarle a la Corte esta semana, más específicamente a su presidente. “Si Lorenzetti quiere ser presidente, que renuncie”, dijo, agregando luego que “se ha llegado a la presidencia por dos caminos: por las elecciones o por la ruptura del orden institucional”. El presidente de la Corte salió al día siguiente a aclarar que no piensa ser candidato a nada.

Tan claro está que la Justicia ocupa estos días una trinchera opuesta que las declaraciones de los referentes kirchneristas posteriores al fallo que absolvió a todos en el juicio por el caso Marita Verón parecieron vinculados a la pelea que desarrollan con los jueces. Porque más allá de que una reforma de Ley de Trata está frenada en el Congreso por responsabilidad del oficialismo, y de la influencia que seguramente tiene el poder político en Tucumán, que reporta fielmente al kirchnerismo, más de un dirigente oficialista buscó vincular la insólita sentencia tucumana con “una Justicia que responde a las corporaciones”.

El jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi, definió el fallo a través de Twitter como “otra vergüenza judicial”, pero más directa, la legisladora María Rachid concluyó que “no hay Justicia en Argentina. Hay que terminar con la corporación judicial”, y en otro tweet insistió: “Salvo importantes excepciones, la Justicia Argentina DA VERGÜENZA!!!”. En la misma senda, el jefe del bloque K de la Legislatura porteña, Juan Cabandié, habló del “Partido Judicial”, y su colega también kirchnerista Delia Bisutti concluyó que “día a día a la justicia argentina se le van cayendo las máscaras”, para agregar luego que “la impunidad de algunos jueces da asco”.

Para que no quedaran dudas de adonde apuntaban los kirchneristas con el polémico fallo todavía fresco, el diputado provincial y productor de la película sobre Néstor Kirchner, Fernando “Chino” Navarro se preguntó si “alguna organización de jueces y fiscales saldrá a defender a los jueces qué absolvieron a los imputados en el caso de Marita Veron”. A buen entendedor…

La Ley de Trata

En su primer discurso post-fallo, la presidenta se refirió al mismo y aprovechó también para apuntarle al Poder Judicial, al que reclamó “democratizar”.

“Como presidenta me comprometo a impulsar junto al Parlamento un proceso de democratización. Un proceso que también tienen que hacer las provincias; no es demasiado diferente lo que pasó en Tucumán de lo que pasa en otros lados en donde todavía no sabemos quién mató a quién”, declaró, si bien no arrojó más detalles.
Siempre dispuesta a marcar rumbos, la diputada kirchnerista Diana Conti recogió el guante y dijo que para llevar a cabo tamaña reestructuración “hay que hacer una reforma constitucional”.

La modificación a la Carta Magna implicaría que los magistrados “sean elegidos como los miembros de otros poderes, que tengan los mismos controles y mandatos periódicos”, según lo explicó la legisladora. Además, expresó que para llevar a cabo dichos cambios es necesario una orden del Ejecutivo Nacional, aunque muchos de sus compañeros de bancada “están de acuerdo”.

Ese mismo día desde muchos sectores se había apuntado hacia el Congreso, alertando que la reforma de la Ley de Trata estaba por perder estado parlamentario. No era así, tal cual había aclarado Parlamentario en su última edición y reiteró ahora.

El texto en cuestión fue aprobado en el Senado por unanimidad en la sesión del 31 de agosto del año pasado, pero el tema no avanzó en la Cámara baja en todo 2012. De todos modos, la iniciativa no pierde estado parlamentario, ya que por la media sanción gana un año más, es decir, hasta 2013.

Hay iniciativas presentadas por legisladores de todo el arco político que buscan modificar la Ley 26.364 en lo que hace a la prevención y sanción de la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero se trata de una cuestión que divide transversalmente a los bloques y que, según comentó una fuente implicada a Parlamentario, se basa en dos grandes ejes en los que hay que ahondar para encontrar consensos.

Por un lado, la propuesta aumenta el castigo a los implicados en el delito y establece que el consentimiento de la víctima “no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa”. “Esto habría que estudiarlo con prudencia, no todo el mundo está de acuerdo”, deslizan.

Por otra parte, para ampliar la protección de las víctimas, el proyecto venido del Senado crea un Consejo Federal destinado al tema, que podría tornar “más burocrática” la cuestión para la asistencia a las víctimas. “Si bien es necesario coordinar, ya existen organismos dentro de la Ley de Ministerios que se pueden ocupar del tema”, acotan. Además, están de por medio los condicionamientos de presupuesto.

Los asesores ya trabajaron el tema y la Comisión de Legislación Penal hizo lo suyo en dos oportunidades, pero no hubo unanimidad de criterios. En cambio, la Comisión de Familia nunca convocó a debatir la nueva Ley de Trata, y aseguran que fue por eso que el proyecto no avanzó, ya que “hay que tratarlo en forma conjunta”. Empero, aseguran a este medio que la ley “ha quedado en el primer lugar de los compromisos para el año que viene”.

El proyecto avalado por el Senado define la trata de personas como “el ofrecimiento, la captación, el transporte, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, tanto si son realizadas dentro del país, en una o varias jurisdicciones; o desde o hacia otros países”.

Llamado a extraordinarias

Según se informó en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo deberá sesionar entre el 18 y el 31 de diciembre para tratar cuatro proyectos, de los cuales el más destacado es la iniciativa para “modificar la Ley Nº 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.

En agosto de 2011, el Senado ya había dado media sanción al proyecto de modificación, que contemplaba ampliar las condenas para los delitos de explotación sexual simple a entre 2 y 4 años, mientras que la agravada contemplaba penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.

El Decreto 2410/2012 establece además que las cámaras de Diputados y Senadores deberán discutir el establecimiento de un feriado nacional único para el 31 de enero; la sanción de los “tratados, convenios y acuerdos internacionales” y el “proyecto de ley por el cual se autoriza la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad”, además de misiones humanitarias a Haití.

Antes de que se conociera la absolución de todos los acusados en el juicio de Marita Verón, el Gobierno nacional ya había ordenado a todo el Congreso que acortara sus vacaciones, lo que hacía suponer que se convocaría a sesiones extraordinarias. En ese entonces, nadie especulaba con que se trataría la modificación de la Ley de Trata.