Diputados y senadores de la UCR, junto a Victoria Donda y María Eugenia Estenssoro, cuestionaron la “falta de control estatal” sobre las concesiones, así como también la “desinversión” por parte de la empresa TBA. Leandro Despouy recordó las auditorías realizadas. Los reclamos de familiares de las víctimas.
A poco de cumplirse un año de la tragedia en la estación Once, que el 22 de febrero pasado se cobró la vida de 51 personas y más de 700 heridos, legisladores de la oposición realizaron una jornada de debate en la que alertaron sobre la responsabilidad penal del ministro de Planificación, Julio De Vido, y criticaron la “ausencia de una política estatal” en materia ferroviaria.
Del encuentro, que tuvo lugar en el Anexo C de la Cámara baja, participaron diputados y senadores de la UCR, Victoria Donda (Libres del Sur) y María Eugenia Estenssoro (CC-FAP), junto al auditor general de la Nación, Leandro Despouy, y familiares de las víctimas.
“La situación hubiese sido distinta si, con diez años de crecimiento económico, hubiesen planteado un plan de recuperación de ferrocarriles y si hubiesen cumplido las promesas”, remarcó al iniciar la jornada el titular de la UCR, Mario Barletta.
En tanto, Donda apuntó a De Vido como “uno de los ausentes en la causa”, ya que el ministro de Planificación no está entre los imputados que deberán declarar en juicio oral, según lo determinó este martes el juez Claudio Bonadío. El radical Ricardo Gil Lavedra coincidió en que el funcionario es “el máximo responsable” de la tragedia por no haber vigilado el cumplimiento del contrato de concesión.
“La impunidad puede ser un marco propicio para que acontecimientos como éste puedan repetirse”, indicó el jefe del bloque de diputados de la UCR, y agregó que “estas 51 muertes pudieron ser evitadas”.
Asimismo, opinó que los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi deberían ser acusados por descarrilamiento doloso -no culposo- y alertó que “la plata de los subsidios fue a parar a los bolsillos de empresarios y funcionarios”.
A su turno, Despouy sostuvo que “lo más tétrico de la tragedia de Once es la conciencia de que podría haber sido evitada”. El titular de la AGN recordó las auditorías realizadas sobre TBA desde 2003 y remarcó los “déficits” hallados en relación a temas como los frenos, las ventanas y las puertas de las formaciones, así como también de los pasos a nivel.
Además, precisó que de 2003 a 2010 se gastaron “dos mil millones de pesos” en subsidios a TBA, y denunció que al año 2009 “no se aplicaban” las multas a la empresa de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano. “Hubo connivencia entre el incumplimiento de la empresa y la opacidad del control estatal”, explicó.
Por otra parte, se mostró “conmovido” por el asesinato del maquinista Leonardo Andrada, a quien consideraba un “testigo fundamental” en la causa, y pidió “que se investigue con celeridad ese episodio”.
Por último, el defensor del Pueblo adjunto, Juan Miguens, opinó que la decisión de poner al Ministerio de Transporte bajo la órbita del Ministerio del Interior fue “una confesión de inhabilidad funcional del Ministerio de Planificación”.
Los familiares de las víctimas del siniestro se mostraron conformes con los avances en la Justicia, pero insistieron en la necesidad de reformas, sobre todo en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. “Los cambios estéticos de los trenes no nos sirven”, sentenció Elisa Ojeda, coordinadora de la organización Caras por Justicia. También surgió la propuesta para que la estación Once pase a llamarse “22 de febrero, 51 mártires”.
