El problema hoy no es solo discutir una nueva ley de coparticipación federal, aunque sabemos de la necesidad imperiosa de hacerlo. Por fuera de este sistema que requiere de inmediata revisión, hay cuestiones que ya no deben sostenerse en el tiempo.

En 1992, se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales que permitía al Estado Nacional la retención del 15% de la masa coparticipable bruta para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos. La misma se sumó a un conjunto de detracciones específicas ya existentes, y no menores.

Por ejemplo, el 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias para ser destinado a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el 10% del producido de este mismo impuesto para destinar al tan nombrado Fondo del Conurbano Bonaerense (el cual representa en la actualidad 13.200 millones de pesos pero del que solo participa la Provincia de Buenos Aires en 650 millones de pesos); El 10,3% del Impuesto al Valor Agregado (IVA); El 70% del Impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria destinado al tesoro nacional y administrado por el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública declarada por Ley Nº 25.561 (eterna emergencia…). Además del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural el 21% del gravamen sobre las naftas y el 100% del producido del impuesto que grava al resto de los combustibles y el 70% de lo recaudado por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

Pero, qué significan tantas detracciones y que impacto tienen sobre nuestras provincias y particularmente sobre la provincia de Buenos Aires?

Debido a todas estas detracciones a la masa coparticipable, las provincias resignaron recursos por un total de $ 56.600 M sólo en 2012. De ese total, $ 12.000 Millones fueron recursos aportados por la Provincia de Buenos Aires.

Por supuesto que estas precoparticipaciones continúan realizándose en la actualidad, situación que no debería ser así si consideramos el origen y motivo de las mismas, que fue financiar el déficit del sistema previsional, hoy superavitario, y, el costo de la transición al pasar al régimen de las AFJP, desde 2008 estatizadas (masa de recursos estos últimos, que también fueron destinados al sistema de seguridad social).

Lo llamativo es que este esquema de precoparticipaciones cedidas a la ANSES se mantuvo inalterado aún después de la citada estatización, que eliminó inmediatamente el “costo de la transición” y consolidó en el corto plazo los superávits de este organismo.

Así, el efecto combinado de los mayores ingresos de la ANSES derivados de la estatización de la AFJP y el abultado aporte de las provincias vía precoparticipaciones redundaron en una ANSES multimillonaria a costa de las penurias fiscales de las provincias. Y le permitió financiar los más variados programas (AUxH, aumento de las Pensiones No Contributivas, laptops para estudiantes, etc.) y, simultáneamente, aumentar los superávits anuales.

Pero el tema debe ser analizado también desde la perspectiva de las finanzas públicas del nivel nacional. La desaparición del financiamiento a través de las precoparticipaciones implicaría la desaparición del excedente de ANSES, “pilar del superávit primario del Sector Público no financiero durante los últimos años”. Dicho en otros términos, si no fuera por el abultado superávit de la ANSES el resultado primario sería por lejos negativo.

La alternativa utilizada en nuestro país en las dos últimas décadas para evitar el desfinanciamiento de la seguridad social fue la de emplear fondos tributarios como complemento de los ingresos propios del sistema, que son aquéllos provenientes del mercado laboral formal: las contribuciones patronales y los aportes personales, de no utilizarse este recurso, la ANSES también sería deficitaria (debería pagar más prestaciones que lo que recibe en concepto de aportes y contribuciones).

Demás está aclarar de donde proviene el financiamiento tributario, aunque redundar no está mal en estos casos: DE LO QUE RESIGNAN LAS PROVINCIAS. De hecho, en los últimos 10 años, las provincias resignaron una cifra superior a los CIEN MIL MILLONES DE PESOS.

Sostener este sistema implicó que las finanzas provinciales vuelvan al déficit fiscal a partir de 2011. La magnitud de los fondos que las provincias dejaron y siguen dejando de percibir resulta tal que permitiría al menos equilibrarlas. El déficit provincial, sería cubierto en más de un 80% solamente por medio de los fondos que resignan a través de la precoparticipación del 15%.

El gran dilema hoy está dado por el hecho de que sin dudas la recuperación de al menos una parte de estas detracciones es significativa desde el punto de vista del financiamiento de las provincias y contribuiría a revertir sus actuales déficits fiscales; pero claramente para las finanzas públicas del nivel nacional la desaparición de este financiamiento tributario de la seguridad social implicaría la desaparición del excedente de ANSES, herramienta fundamental para sostener la centralización de recursos en sus manos y que ha provocado la sostenida pérdida de autonomía política de las provincias y el correlativo sometimiento político y económico a través de los famosos giros discrecionales.

Como en todo período de desaceleración aflora la penuria fiscal y estos temas, que hacen a la problemática estructural no solo de las provincias sino del país todo pasan al primer plano que nunca deberían haber perdido. La protección y la defensa del federalismo no deben ser cíclicas.

(*) Vicepresidenta del bloque de senadores provinciales de la UCR