El Gobierno nacional evalúa aplicar la polémica Ley Antiterrorista para obligar a los productores agrícolas a vender soja para que ingresen dólares al país, en momentos en que el mercado paralelo presiona sobre el precio de la divisa, según publicó el diario El Cronista.

Se trata de la norma sancionada durante el período de sesiones extraordinarias de diciembre de 2011 a los fines de cumplir con la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20, y que permite interpretar como actores terroristas las manipulaciones en el mercado. Pero hasta ahora la ley sólo fue utilizada para congelar bienes de represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Cuando se aprobó la ley, José Sbattella, el titular de la UIF, explicó: “Deja abierto que se gravan con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad”.

La disputa sería por unos 5.000 millones de dólares producto de la soja que, según el Gobierno, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, algo que los productores niegan.

“No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía”, había advertido el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Algo que generó una interna en la Mesa de Enlace.

Según trascendió, el Gobierno esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio. Si aplicara la polémica ley, se dispararía seguramente una escala de protestas que las entidades agrarias ya anticipan.